Macroconsult:Los proyectos de irrigación y la necesidad de destrabar

En los últimos años hemos visto que muchos de los principales proyectos de infraestructura pública se han paralizado por diversas razones. Los de irrigación no han sido la excepción. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) ha presentado un proyecto de ley que intenta destrabar inversiones bajo ciertas condiciones.

La costa peruana es una región que cuenta con importantes ventajas naturales para el desarrollo de la agricultura de alto valor agregado. A eso se sumaron diversos proyectos de irrigación que permitieron ampliar la frontera agrícola, sobre todo en la costa norte. Esto hizo posible que las agroexportaciones pasaran de US$ 400 millones en el 2000 a cerca de US$ 6,000 millones al cierre de 2018.

Sin embargo, el proceso de ampliación de la frontera agrícola está lejos de acabar. Las regiones de La Libertad, Lambayeque y Piura cuentan con la mayor cantidad de hectáreas irrigadas, en oposición a lo que sucede en Arequipa, Moquegua y Tacna.

Existen cuatro proyectos de irrigación que muestran algún avance en sus obras, pero que, de momento, se encuentran detenidos: Alto Piura, Olmos (primera fase), Chavimochic III y Majes Siguas II. En conjunto, irrigarían 128 mil hectáreas nuevas y mejorarían otras 69 mil.

Alto Piura
El proyecto Alto Piura se ubica en las provincias de Ayabaca, Sechura y Piura, en la región Piura. Irrigaría 31 mil hectáreas nuevas y mejoraría otras 14 mil. La inversión total asciende a US$ 755 millones (sin IGV) y se habría ejecutado ya un monto de alrededor de US$ 100 millones (13.2% de avance).

El proyecto Alto Piura se encuentra actualmente sin concesionario, puesto que el Gobierno Regional de Piura retiró al Consorcio Obrainsa Astaldi, ya que paralizó la obra sin sustento válido, según lo indicado por las autoridades del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Alto Piura (Peihap). Esto motivó la ejecución de la carta fianza.

De momento, no existe claridad sobre cuales serán los pasos para reactivar esta obra.

Olmos
La primera fase del proyecto Olmos se ubica en la provincia de Lambayeque, región del mismo nombre. El proyecto busca irrigar 38 mil nuevas hectáreas y mejorar otras 5 mil. El monto de inversión asciende a US$ 600 millones (sin IGV), de los cuales se han invertido US$ 185 millones (31% de avance).

En la actualidad, el proyecto se encuentra detenido por problemas con los concesionarios H2Olmos y CTO pertenecientes a la empresa Odebrecht. Se espera que sea vendido para reiniciar las obras.

Chavimochic III
La tercera etapa del proyecto Chavimochic se ubica en las provincias de Virú, Trujillo y Ascope, en la región La Libertad. Irrigaría 20 mil nuevas hectáreas y mejoraría otras 50 mil. La inversión asciende a US$ 600 millones (sin IGV), de los cuales se han ejecutado US$ 240 millones (40% de avance).

La razón de su paralización responde a una razón similar a la de Olmos: problemas con la empresa concesionaria propiedad de Odebrecht y Graña y Montero. Sin embargo, en este caso, ambas empresas terminarían la presa Palo Redondo, luego de lo cual pondrían fin al contrato (aún en negociación).

Majes Siguas II
La segunda etapa del proyecto Majes Siguas se ubica en las provincias de provincias Caylloma y Arequipa, región Arequipa. El proyecto busca irrigar 38,500 hectáreas nuevas. El monto de inversión del proyecto asciende a US$ 560 millones (sin IGV), de los cuales se han ejecutado US$ 240 millones (43% de avance).

Actualmente, el proyecto se encuentra detenido pues no se ha llegado a un acuerdo con respecto a la firma de la adenda número 13, que implica mejoras tecnológicas, tanto con el Gobierno Regional de Arequipa como con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Comisiones investigadoras en el Congreso y la oposición del nuevo gobernador regional, Elmer Cáceres, han complicado el avance.

Información adicional: La propuesta de la CGR
La CGR presentó una propuesta para acelerar la ejecución de proyectos con más de 80% de avance y que tengan más de seis meses de paralización, dando prioridad a aquellos que involucren infraestructura de servicios públicos. La propuesta se presentó al Congreso de la República el 5 de marzo de este año. Así, la entidad pública que quiera acogerse a esta facilidad “podrá resolver el contrato de obra y contratar a otro postor para garantizar su culminación” dentro de un plazo de seis meses. De manera excepcional, la Entidad podría continuar la ejecución de la obra sin perjuicio de un proceso de arbitraje que pudiera estar en curso.

La parte restante de la obra está sujeta a control concurrente por parte de la CGR. Así, los proyectos de entre S/ 10 y S/ 100 millones aportarían 4% para dicho control; y los que superan ese monto, 2%. Estaremos atentos al avance de la aprobación de dicho proyecto de ley.