La Presidencia Imperial

La cacocracia (del griego kakos—malo—) es el mal gobierno o el gobierno de los malos o ineptos, el cual—mediante un sistema de selección adversa—repele a los talentosos y le abre paso a los peores ciudadanos, o a los menos preparados a las más altas esferas de la burocracia estatal. Para muestra un botón: un ministro de transporte cuya única relación con el sector era el haber sido chofer de una “combi” o un ministro de salud vendedor de agua arracimada.

Por su parte, la cleptocracia (del griego kleptis—ladrón) es el gobierno donde la corrupción no constituye excepción sino que forma parte del funcionamiento normal del régimen. Un sistema en el cual todo el alto gobierno es cómplice y se organiza de manera deliberada para enriquecerse, tal y como se afirma en la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, Sra Patricia Benavides, que considera que el presidente Castillo es el jefe de una organización criminal integrada por ministros, funcionarios, familiares y amigos.

Así las cosas, pareciera que el gobierno del presidente Castillo sufre de ambos males: es delincuencial e incompetente. El problema es que—cuando esto sucede—la cleptocracia y la cacocracia se refuerzan entre sí.

Pero allí no termina este esfuerzo de caracterización del actual régimen; necesitamos agregar un tercer elemento: el de “la presidencia imperial”. “La Presidencia Imperial” es el nombre del tomo final de una trilogía sobre la historia política de Méjico escrita por el periodista, e historiador, Enrique Krauze, que se refiere al poder omnímodo de los presidentes mejicanos del PRI.

En el Perú, tendríamos que relacionar la presidencia imperial con la naturaleza extremadamente presidencialista de la Constitución, que como ahora todos sabemos, mediante el artículo 117 blinda al presidente contra prácticamente todo delito, incluido el patrimonialismo—esa malhadada costumbre de manejar el Estado como si fuera su propio patrimonio—y del cual hace gala el presidente Castillo (construir un helipuerto en terreno de sus padres; usar el avión presidencial para ir a Chota a tomar caldo verde, etc).

Así, aunque la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación evidencia delitos graves—supuestamente cometidos por el señor presidente, éste no puede ser acusado sino hasta cuando termine su mandato. De no existir el Artículo 117, probablemente el presidente estaría ya sometido a un régimen de prisión preventiva.

Blindado por el Articulo 117, cual Presidente Emperador, el Sr Castillo impulsa—ya sea directamente o vía sus ministros defensores—el enfrentamiento y debilitamiento de los otros poderes del Estado, atentando contra la independencia y el equilibrio de los otros dos poderes: del Congreso, llegando a extremos cómo pretender que éste abdique de su labor de control político y fiscalización y de la administración de justicia, denostando de fiscales y jueces, llegando al extremo de calificar de narcotraficante—sin prueba alguna—a la propia Fiscal de la Nación.

Lo único raro del comportamiento del presidente-emperador es su propensión a la victimización, afirmando sin bochorno que todo no pasa de ser una “persecución política” por parte de quienes jamás han aceptado a un campesino, rondero y maestro rural como presidente de la República. Débil y desacreditado argumentó que parece más bien un “acto fallido” de reconocimiento de que, incluso los monarcas, a veces, pierden la cabeza cuando “el pueblo”, se harta de tanto abuso y de tanta impunidad.