Asociado del estudio Miranda & Amado
Recientemente la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado el Proyecto de Ley 1505/2021-CR que, propone extender hasta los 75 años el límite de edad para que los empleadores puedan cesar a los trabajadores del sector privado. El proyecto también, busca la extensión de la edad de cese para los servidores públicos y del servicio civil.
Actualmente, los trabajadores del sector privado pueden ser cesados de manera obligatoria y automática cuando cumplen los 70 años, salvo que los empleadores decidan no ejercer esta facultad, con la finalidad de darle continuidad a la relación laboral.
A manera de paréntesis es importante mencionar que, el proyecto no establece modificación alguna sobre la edad con la que deben contar los trabajadores para poder optar por una pensión de jubilación, sino únicamente, la facultad que tiene el empleador de poder extinguir el vínculo laboral basándose en la edad del trabajador. Con lo cual, si un trabajador decide acceder a una pensión a los 65 o 70 años, podrá seguir laborando bajo la regulación del citado proyecto.
Como propuesta relevante del proyecto sobresale que es el trabajador quien debe solicitar que la jubilación obligatoria y automática se extienda hasta los 75 años. Para tal fin deberá realizarse una evaluación médica, asumida por el empleador, que determinará si se encuentra en condiciones físicas y mentales para el desempeño de sus funciones. A su vez, la oficina de recursos humanos emitirá un informe sustentado objetivamente sobre la necesidad del servicio.
Dentro de los 60 días calendario siguientes, el empleador deberá responder valorando la evaluación y el informe. Si rechaza la solicitud sin valorar alguno de estos, se presumirá que el rechazo es un despido nulo.
El proyecto tiene una buena intención: extender la vida laboral de los adultos mayores que se encuentran en la plenitud de sus facultades, y, pueden aportar su sabiduría y experiencia; sin embargo, podría restringir el empleo juvenil al disminuir las vacantes disponibles para un puesto determinado, más aún cuando el 80% de los jóvenes en el Perú se encuentran en una situación de informalidad y desempleo.
Alguna opción que permita un equilibrio en el mercado laboral entre jóvenes y adultos mayores podría ser una política de contratación flexible para estos últimos, que no implique ser incorporados a la estructura laboral de la organización, y que a futuro signifique un real cambio en el sistema de pensiones, permitiéndoles tener ingresos de mayor nivel.
Es importante que, en la próxima votación, el Congreso evalúe con una mayor profundidad la posibilidad de extender la edad de jubilación con propuestas más integrales que involucren el empleo laboral de los jóvenes y adultos mayores. El proyecto, repito, como intención es bueno; no obstante, puede generar un efecto que agrave aún más la situación del empleo de aquellos que desean ingresar al mercado laboral con buenas condiciones laborales.
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