Escribe: Guillermo Boitano, Director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima.
A medida que avanza el primer mes de este 2026, el Perú entra al tramo más sensible del ciclo electoral con una señal clara de vulnerabilidad: S&P Global Ratings advierte que una gobernanza débil e ineficaz, y la fragmentación política pueden alterar el rumbo de la política económica y presionar la calificación soberana.
Ese clima de incertidumbre se traslada al riesgo país y al costo de financiamiento del Estado mediante los rendimientos de mercado. El bono soberano peruano a diez años alcanzó un rendimiento del 5.52% el 12 de enero último y, según el mismo registro, acumula +0.05 p. p. en el último mes, en línea con un ajuste de precios ante una mayor percepción de riesgo.
En paralelo, el BCR reporta que el riesgo país (EMBIG Perú) se ubicó en 138 pbs al 7 de enero pasado, con un alza de 2 pbs respecto al 29 de diciembre último. Pese a ello, el rendimiento de bonos soberanos a diez años sigue entre los más bajos de la región. Aun así, S&P alerta que podría rebajar la nota soberana si ocurre un “cambio pronunciado en la política económica” o mayores déficits y deuda; mientras que un escenario político más estable abriría espacio para mejorar la calificación. En el plano macrofiscal, BBVA Research mantiene un crecimiento esperado por encima del 3% en el 2026, pero advierte que el “ruido electoral” puede moderar inversión y gasto, y que el frente fiscal sigue expuesto a riesgos por iniciativas de mayor gasto y por la petrolera estatal.
La incertidumbre aumenta justo cuando ya existen presiones de gasto y riesgos contingentes que podrían exigir más recursos públicos en un contexto de financiamiento más caro. En Petroperú, la SMV advierte que las pérdidas superan el 50% del capital social, lo que eleva dudas sobre su sostenibilidad y posibles demandas al Estado. Además, Fitch retiró sus calificaciones por falta de información y una liquidez débil, deteriorando la señal de transparencia ante el mercado.
En gasto corriente, el Congreso debate iniciativas para trasladar trabajadores CAS al régimen 728, con CTS y gratificaciones. Se reportan 81 proyectos en el último año, con una posible migración de 360,000 trabajadores y un costo adicional cercano a S/ 3,000 millones anuales, presionando las metas fiscales del 2026. A diferencia de un desembolso transitorio, estas medidas se vuelven permanentes y rígidas, reducen el margen ante choques y obligan a compensar con recortes o mayores ingresos.
En conjunto, el mensaje es claro: si el mercado percibe más incertidumbre política y, a la vez, observa presiones para expandir el gasto permanente o respaldar contingencias como Petroperú, puede exigir mayores rendimientos; y cada aumento en la tasa de financiamiento implica más intereses, menos margen presupuestal y más dificultad para sostener objetivos fiscales sin recortes o nuevos ingresos. Debemos ser muy observadores en este primer trimestre para conocer qué novedades nos muestran los partidos y candidatos a la presidencia y al Congreso.
