FCPA: prisión preventiva y distorsiones

Hace 5 meses Goldman Sachs llegó a un acuerdo con los Fiscales Federales de Estados Unidos en donde confesó haber estado involucrado en el pago de sobornos a funcionarios públicos de Malasia y Abu Dabi por aproximadamente US$ 1.6 billones para ser beneficiado con contrataciones públicas relacionadas a la emisión de bonos, entre otras. En el “settlement” más alto hasta la fecha por un caso de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Goldman Sachs acordó pagar una multa de US$ 2.9 billones y colaborar con las investigaciones para identificar a las personas naturales involucradas, incluidos sus propios funcionarios.

En el 2017 la empresa Sueca de telecomunicaciones Telia llegó a un acuerdo con los fiscales y reguladores de Estados Unidos y se le impuso una multa de US$483 millones por sobornos pagados a funcionarios públicos de Uzbekistán, dentro de los cuales se encontraba la hija del presidente. El 21 de diciembre 2016 la empresa brasilera Odebrecht llegó a un acuerdo con los fiscales de Estados Unidos y confesó haber pagado sobornos en varios países del mundo, incluido el Perú, para hacerse de obras públicas. Tuvo que pagar US$ 93 millones a Estados Unidos sin contar las multas ordenadas a pagar en Suiza y Brasil cuyo monto era 10 veces mayor.

Las 22 oraciones que se dedican al Perú en el “plea agreement” de Odebrecht tuvo efectos inmediatos en el país que podemos ver hasta hoy. Inmediatamente se creó un Equipo Especial en la Fiscalía, a los tres meses se promulgó en el Perú la primera ley en nuestra historia sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas por el pago de sobornos en el extranjero –el FCPA peruano–, empezaron las detenciones preliminares y las audiencias maratónicas de prisiones preventivas que parecían juicios y se dieron las primeras colaboraciones eficaces entre empresas y la Fiscalía. En 4 años el proceso penal peruano, históricamente vinculado a las tradiciones del derecho continental europeo, se ha visto influenciado por el modelo norteamericano.

No es una tendencia solo peruana, es global. Pero acá se ha dado con acelerador, lo que ha generado distorsiones que esperemos se corrijan. Por ejemplo, la utilización de la prisión preventiva como sanción adelantada. Llegó un momento en el que aquella frase mexicana “acá no se le niega a nadie ni un vaso con agua ni una prisión preventiva” imperó en nuestro sistema donde los jueces parecían acceder a los pedidos de los fiscales sin mayor deliberación, pero con mucha atención al clamor popular que respondía a la indignación colectiva generada por las filtraciones emanadas desde la Fiscalía.

Se desvirtuó lo que da sentido al sistema anglosajón, que es el control de los jueces a la actividad fiscal, sin importar la popularidad de la resolución. Recientemente se han dado fallos en el Perú que efectúan un mejor control a la actividad fiscal. Esperemos que empiece una nueva tendencia, por el bien de las libertades de todos.