Hacer Perú | PUCP
El discurso presidencial por Fiestas Patrias, las nuevas acusaciones sobre presunto encubrimiento y obstrucción a la justicia, indicios adicionales de corrupción de la familia política del presidente y la manifiesta intención de remover al equipo especial encargado de ubicar a los prófugos del entorno presidencial, confirman que no hay voluntad de cambio. Ello se suma a lo demostrado en este primer año de gobierno; Castillo no tiene las capacidades mínimas para gobernar: récord de rotación de ministros (59 y contando), carencia de competencias y experiencia elemental en las designaciones, copamiento de entidades públicas, incoherencia en la formulación de políticas públicas y absoluta ineptitud en gestión pública. Cada día que ocupa el cargo, el presidente se conduce como un factor de degradación constante no solo para las políticas públicas y la gestión de estas, sino también para la institucionalidad en el Estado, que ya de por sí era precaria.
Igual de importante es recordar que la economía no opera en un vacío. Existen factores condicionantes que influyen de manera decisiva en su desempeño y, por tanto, en el bienestar presente y futuro de los peruanos, en especial de los pobres y vulnerables. Las condiciones externas son clave y no dependen de nosotros, pero debemos saber aprovecharlas cuando son favorables, y mitigar sus efectos desde la política económica en tiempos adversos (como los recientes). Ello sin olvidar la importancia de formular políticas públicas que nos permitan reducir nuestra dependencia de estos factores en el mediano plazo mediante estrategias de diversificación (productiva, de destinos, de productos y servicios, entre otros). Poco de esto se ha visto durante estos últimos doce meses. La política interna y las condiciones de gobernabilidad constituyen otra variable determinante que desde hace seis años ha sido crecientemente desestabilizadora, pero los niveles del último año son alarmantes. Ha quedado demostrado que la hipótesis de que la política y la economía discurren por vías paralelas es tremendamente errónea.
Es un testamento a la resiliencia de la economía peruana que, no obstante el caos interno, la economía haya seguido creciendo - si bien a tasas bajas a pesar de las hasta hace poco extraordinarias condiciones externas. Pero en la medida en que el choque externo gradualmente filtre a la economía, y la situación interna de desgobierno, inoperancia e impredecibilidad continúen o inclusive se acentúen, el debilitamiento de la economía y la erosión de los fundamentos de crecimiento y desarrollo serán cada vez más notorios. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación? Dado que el Congreso ha sido cómplice del Gobierno en la corrosión institucional y de políticas públicas, lo ideal sería un adelanto de elecciones generales. El segundo mejor escenario sería que el presidente renuncie. Ambos pasan porque estas cuestionadas autoridades antepongan los intereses del país a los propios. Otra alternativa es la vacancia presidencial sobre la base de las evidencias que se vaya encontrando. Pero dada la correlación de fuerzas y las presuntas compras de votos (la posible docena de “niños”), no pareciera inminente.
Ello nos deja casi sin salidas en una situación en la cual el statu quo es insostenible. Una opción es que Castillo se comprometa a desempeñar únicamente un rol protocolar mientras se esclarecen las graves investigaciones en su contra y de su entorno cercano. No está moralmente apto para tomar decisiones y ya quedó demostrado que tampoco tiene las competencias mínimas para hacerlo. Debería nombrar a un premier independiente y sin cuestionamientos, a quien junto a un ministro de Economía con las mismas características - el actual las cumple -, les delegue amplios poderes para que convoquen un gabinete independiente de él y con suficiente respaldo político y técnico (donde el primero lidere la agenda política y el segundo la económica). Ello debería ayudar a tender puentes con el Congreso y le daría a ese gabinete una superioridad moral frente a este último (aunque nada garantice que el Congreso actúe responsablemente si ni siquiera respeta fallos judiciales).
A este gabinete le corresponderá tomar acción inmediata en rectificar varias de las decisiones erradas del Gobierno (incluyendo en materia laboral) y del Congreso - a través de acciones de inconstitucionalidad - que han generado distorsiones significativas e incertidumbre sobre la estabilidad y predictibilidad jurídica en el país. Le tocará limpiar a las entidades públicas de los evidentes copamientos ocurridos en el último año y recuperar, hasta donde sea posible, la tecnocracia y la gestión pública. Finalmente, deberá elaborar planteamientos sensatos de reforma política y formular una agenda priorizada de propuestas de política pública responsable y basada en evidencia.
Esta opción puede sonar irreal o improbable, pero lo es en menor medida que otras, por lo menos hoy. Un remezón de esta envergadura es, quizás, la única vía para revertir el fuerte grado de pesimismo y deterioro institucional actual. Una suerte de Castillo (casi) sin Castillo mientras se decantan las otras opciones desde la política y la justicia.