Para que tengamos presente y futuro

Hace quince días señalamos aquí que el Gobierno debería concentrarse en tres ejes: resolver una buena parte de la dramática situación que viven varias regiones del país que han quedado en muy mala situación luego de los golpes que han recibido en estos primeros cuatro meses del año; luchar contra la delincuencia que ha tomado ya varios distritos de Lima y otros en diversas regiones del país, atendiendo además con urgencia los problemas migratorios; y promover la inversión privada y pública de calidad en infraestructura, única fuente de empleo, de generación de recursos, y de lucha contra la pobreza.

De hecho, una mirada rápida de la situación en las regiones del norte, por ejemplo, nos lleva a ver como el dengue se ha convertido en una verdadera amenaza para la población, incluso en mayor proporción que en años anteriores. Son varios los fallecidos por dengue y una buena cantidad de infectados por zancudos que transmiten esa enfermedad.

A esto se le suma la dramática situación de la infraestructura vial, tanto urbana como interregional. Un recorrido por Piura, por ejemplo, nos mostrará una ciudad con la mayor parte de las pistas y veredas en pésimo estado, en algunos casos casi destruidas, y con los negocios atendiendo con gran cantidad de sacos de arena en las puertas o con pequeños muros de ladrillos construidos artesanalmente y a la carrera, como única defensa contra las lluvias y corrientes de agua.

Una cosa similar ocurre en Trujillo, donde su red vial ha sufrido mucho, aunque los daños han sido menores que en Tumbes y Piura.

Los daños son muchos y los esfuerzos pocos. Todavía no se ve una avanzada o una dinámica de reconstrucción, quizás porque el anuncio de un nuevo Niño hace que los sectores público y privado estén a la expectativa de lo que pueda suceder, o quizás porque no hay un plan y el día a día le va ganando a un Gobierno que no termina de organizarse y de reclutar a la gente que debe reclutar.

Por otro lado, lamentablemente las nuevas autoridades regionales y locales (y las anteriores también) tienen muy poco conocimiento de todas las posibilidades e instrumentos de inversión –pública, privada, y mixta– que el sistema les ofrece. Sus funcionarios muchas veces toman posiciones rígidas basados en legislación que no es la aplicable, o en prejuicios y temores que los inmovilizan o los sesgan. Además, la alta rotación de funcionarios no ayuda a tener una planilla estable y profesional.

Los últimos cambios ministeriales no han generado ningún entusiasmo ni han sumado, y por el contrario, han abundado en dudas.

Por otra parte, las últimas encuestas nos han mostrado que, efectivamente, el avance de la delincuencia, en todos los niveles y sectores, es lo que más preocupa a la población. Hoy los asesinados se cuentan por decenas al mes, y la crueldad, así como el riesgo latente en cada calle de la capital y de varias ciudades, ha crecido exponencialmente.

Lamentablemente, el debate se ha polarizado y se ha planteado como venezolanos sí o venezolanos no, y se plantean soluciones poco realistas a un tema que debe ser abordado muy profesionalmente.

La lucha contra la delincuencia no es un tema que se resuelve con medidas desesperadas o efectistas. Tampoco se resuelve con iniciativas radicales o aisladas, o con elevar populistamente penas que ya son bastante severas. La lucha contra la delincuencia debe ser parte de una política y una estrategia muy bien pensada y ejecutada, bien articulada entre todos los sectores involucrados y dotada de un importante nivel de recursos humanos, logísticos y económicos.

Sacar a la calle a miles de policías y a las FF.AA. sin una adecuada labor de inteligencia, sin una estrategia consistente y bien elaborada y sin los recursos necesarios para hacer frente a una delincuencia que consigue armas como quien consigue caramelos en las esquinas, es sacrificar personas sin ninguna posibilidad de éxito.

Igual ocurre si confundimos delincuentes con ciudadanos extranjeros. Los enemigos son los delincuentes, de cualquier nacionalidad, y es en ellos en los que hay que concentrarse a través de esa labor de inteligencia que tanta falta nos hace. Esto no quiere decir que no debamos reforzar los procedimientos y las acciones para defender las fronteras y evitar el libre y riesgoso desplazamiento de ciudadanos extranjeros indocumentados, en situación irregular, potencialmente peligrosos o pedidos por la justicia.

Y en esto no hay que olvidar el lamentable papel que juegan muchos fiscales y jueces que, con todas las pruebas en la mano, o hasta con la flagrancia demostrada, se hacen de la “vista gorda” y devuelven a la calle a tantos delincuentes que vuelven a las andadas.

Una situación dramática en lo económico y social en varias regiones del país; y una sociedad insegura, cuya población vive atemorizada, enrejada y con miedo hasta de salir a la calle, no es un buen destino para la inversión privada. Por el contrario, aleja la inversión.

Un país con pésima infraestructura, con los servicios colapsados, con epidemias permanentes –y que además sufre de un alto índice de inseguridad y una alta tasa de asesinatos– es un país que generará sobrecostos, inestabilidad e inseguridad para cualquier inversión.

Por eso, estos tres temas están íntimamente ligados. Si los tres funcionan bien, el país crecerá y la pobreza se reducirá. Si los tres van mal, no habrá presente ni futuro.