Escuchar al presidente al mediodía, genera la impresión que el Gobierno tiene el control de la situación –que es realmente inédita y dura– y que se están dando y aplicando las medidas necesarias para enfrentarla con éxito.
Pero las noticias sobre la situación real de hospitales como el de Policía, donde los médicos señalan que se está cometiendo un asesinato con ellos (El Comercio, 31.03.20); el Hipólito Unanue, donde los médicos protestan por falta de pagos y de implementos de seguridad (La República, 17.04.20); el Almenara, donde no hay camas ni respiradores mecánicos suficientes, los médicos no están protegidos, y los pacientes duermen en carpas (El Comercio, 18.04.20); o el viejo y el nuevo Hospital de Ate, presentado por el mismo presidente como especializado en coronavirus, con moderna infraestructura y 50 camas, y ahora se sabe que 35 ventiladores no funcionan y solo hay 20 camas en UCI (El Comercio, 17.04.20) –y esto sin hablar de Arequipa, Iquitos, Chiclayo, Piura–; hacen que muchos se empiecen a cuestionar si las intenciones y anuncios se convierten realmente en acciones concretas y eficaces, y si el Gobierno ha pasado de la motivación diaria a la buena gestión.
Recién ayer el presidente presentó al país el número consolidado de camas UCI a nivel nacional. Y dijo que lo habían conseguido llamando por teléfono hospital por hospital. ¿Se demoraron un mes en conseguir esa información?
El Gobierno obliga a toda la población a usar mascarillas, y a los comerciantes mascarillas y guantes bajo pena de multa, y está bien. Pero los médicos, enfermeras y auxiliares de todo el país reclaman mascarillas e implementos de protección y el Gobierno no se los termina de proporcionar.
El tema de la cantidad de pruebas disponibles y las que todavía están por llegar; el debate sobre la suma de las pruebas rápidas más las moleculares, y la eficacia de ellas; los asintomáticos y el todavía inexistente cerco epidemiológico; las cifras de contagiados y fallecidos; las versiones sobre el número de camas UCI y ventiladores; o el tratar de culpar diariamente de todo a los irresponsables o los verdaderamente necesitados que salen a la calle; generan una serie de dudas y hacen que periodistas como Pedro Ortiz de El Comercio señale que “…necesitamos que nos cuenten la verdad completa. Toda”.
No es fácil echar a andar con premura a un Estado que ya venía bastante lento, burocrático, enredado, temeroso y con espacios ganados por la corrupción. Y menos en un sector abandonado a su suerte por todos los gobiernos, incluido este.
Pero parece que los problemas, las dudas y los enredos no son solo abajo. El martes 14 de abril, el presidente estuvo muy optimista y entusiasta –triunfalista, dijeron algunos–, y señaló públicamente que a pesar del incremento de infectados se registraba una tendencia a la baja que permitiría que el estado de emergencia se levante el 26 de abril, con un inicio gradual de las actividades económicas.
Sin embargo, el sábado 18 estuvo mucho más ¿realista? Señaló que estamos en el límite de lo que podemos responder, y que en muchos casos la respuesta al covid-19 no había sido la adecuada. Pero quizás lo más saltante fue que ante la pregunta de Gestión de si el 27 de abril se levantará la cuarentena, el jefe de Estado no dijo nada y cambió de tema.
El primer ministro terminó de plantear la duda el domingo. No podía confirmar si se levantaba o no la cuarentena.
Pero las dudas parecen no solo circunscribirse al ámbito de la gestión en salud. En lo económico, ha pasado casi un mes desde su anuncio y la implementación de Reactiva Perú no ve la luz. Marchas y contramarchas sobre garantías, montos, plazos y posibles beneficiarios. Y aún ahora se cuestiona la subasta planteada. Para algunos el sistema no garantizaría una competencia real, y lo mejor sería fijar un tope máximo de la tasa de interés.
Una duda más: ¿observará el Gobierno la ley del retiro del 25% de los fondos de las AFP?
En lo social, y aparte de los bonos que todavía no terminan de llegar al total de destinatarios, el presidente anunció que los ministros supervisarán la entrega de canastas de alimentos que fue encargada a los 1,800 alcaldes del país. Casi un mes después, solo se han repartido el 30% de las canastas y el Gobierno central tiene que intervenir (lo que no quería hacer). Dos niveles de gobierno repartiendo canastas. Si hay una nueva transferencia y reparto, ¿pateará la misma piedra dos veces?
Las críticas a la licencia sin goce de haber habrían generado malestar en el Gobierno, y algunos señalan que no sería raro que se den otras normas que traten de “compensar” la situación, en forma de algún “bono de solidaridad” cobrado a los que más tienen u otras medidas parecidas.
Lo de la prórroga de las clases escolares presenciales se caía de maduro. No había forma de iniciarlas ni en mayo ni en junio. Las clases remotas serán todo el año. ¿Cuánto se demorarán en hacer el proceso para comprar las tabletas, elaborar los softwares, programarlas, repartirlas y empezar a usarlas?, ¿será para el segundo semestre?, ¿aprobarán el año los alumnos con muy pocas horas de clases virtuales diarias –y en un alto porcentaje sin eso todavía–?, ¿quedarán expeditos para pasar al siguiente grado?
Las medidas gruesas y los anuncios iniciales fueron bien planteados y bien recibidos. Pero en la gestión fina los sectores parecen perderse ahora en dudas, avances y retrocesos. No solo es cuestión de hacer anuncios o repartir bonos o transferencias. El diablo está en los detalles, y son las decisiones y la gestión fina las que hacen funcionar las cosas.
El Gobierno tiene –en los hechos– todo el control del país desde hace siete meses –sin oposición y ahora con una fuerte presencia de la FF.AA. y la PNP–, y lo tendrá hasta junio, por lo menos. El país está en sus manos.