La semana pasada destacamos cómo actualmente existe un vacío normativo que haría imposible convocar a elecciones legislativas inmediatamente, en caso ello tuviese que hacerse. Si bien el Congreso ratificó en marzo la aprobación de la reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad, aún no modifican las leyes electorales necesarias para hacerlas compatibles con el nuevo texto constitucional.
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Pues bien, a este no tan improbable escenario de inestabilidad, en estos días se le viene sumando otro, gracias al enfrentamiento político entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Nos referimos al hecho de que justamente para estas semanas estaba programada la evaluación y eventual ratificación de los jefes de la ONPE y del Reniec, dos de los tres organismos electorales constitucionales (el JNE es conducido por cinco titulares designados por la Corte Suprema, los fiscales supremos, el Colegio de Abogados de Lima y las universidades públicas y privadas).
Ayer, de hecho, una JNJ con solo cinco de sus siete miembros activos (dos han sido inhabilitados por el Congreso y no han sido reemplazados) sesionó para evaluar la ratificación de Piero Corvetto en la ONPE. El resultado fue cuatro votos a favor de la ratificación y apenas uno en contra. Sin embargo, dado que no se alcanzaron los 5 votos que exige la ley para la ratificación del referido funcionario, ahora la JNJ deberá convocar a un nuevo concurso para elegir a un nuevo jefe de la ONPE.
Como también hemos comentado, la pugna entre el Congreso y la JNJ, que hoy se pelea ante el Poder Judicial y el TC, ha dado lugar a una preocupante y hasta kafkiana inestabilidad en la conformación de la JNJ. Actualmente tiene dos miembros inhabilitados, pero que en cualquier momento podrían volver, aunque luego podrían volver a ser suspendidos. Como es evidente, este escenario ya le resta por sí mismo legitimidad y confianza al proceso de ratificación y eventual selección de las nuevas autoridades electorales.
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Pero como si ello fuese poco, ayer en el Congreso se discutió una propuesta de la congresista Gladys Echaíz que, si bien finalmente se decidió postergar para más debate, en un momento pareció que podría aprobarse, pese a su novedad y a la polémica que implicaría. El proyecto planteaba eliminar la JNJ y reemplazarla por una nueva entidad, y que el jefe de la ONPE pase a ser elegido por el futuro Senado. Es decir, en lugar de proteger al sistema electoral de influencias políticas, se iría en la dirección opuesta.
Ante un contexto como el que vivimos, independientemente de si las elecciones son en el 2025 o 2026, los congresistas deberían estar preocupados por asegurar que estas puedan convocarse con éxito y en escenario de estabilidad. Hoy su agenda está logrando lo opuesto.