Más pobres en un país rico

Corrupción. El último viernes por la noche, el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, quien fuera sucesor del cuestionado Juan Barranzuela en dicha cartera durante el Gobierno de Pedro Castillo, fue finalmente detenido por la PNP. Ello luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que preside César San Martín le impusiera 36 meses de prisión preventiva en instancia definitiva, en el marco del proceso en que viene siendo investigado por el delito de organización criminal.

Según ha concluido la propia Corte Suprema en su sentencia, pese a que el proceso penal empezó hace relativamente poco y a que aún faltan varias etapas, la Fiscalía ya ha logrado dar “cuenta de la existencia de una organización criminal, debidamente jerarquizada, con funciones específicas y propósitos definidos, enquistada en las altas esferas del Poder Ejecutivo; es decir, la Secretaría General del Despacho Presidencial y en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Provías Nacional, entre otros”. Asimismo, la corte explicó que ya existen suficientes evidencias delictivas y que “las acciones criminales residieron, básicamente, en el direccionamiento de obras públicas y el copamiento laboral de las instituciones gubernamentales; todo ello, a cambio del pago de ingentes cantidades de dinero, entre otros, a favor de [Geiner] Alvarado”.

Como es usual en este tipo de procesos, la caída de un personaje tan central como Alvarado podría ser una noticia doblemente positiva. Por un lado, el solo hecho de que haya sido capturado (a diferencia de otros, que se fugaron) tras haberse conseguido suficientes pruebas es algo que celebrar. Pero, además, la caída de Alvarado también podría significar que pronto empezaremos a conocer más detalles sobre la profundidad de la red criminal que se instaló durante el Gobierno de Castillo. Sobre todo si el exministro de Vivienda se convierte en colaborador eficaz.

El desprecio del Gobierno electo en el 2021 por los principios democráticos y la institucionalización del sector público –palpable con cada injustificable nombramiento que hizo de personajes cuestionables y/o incompetentes, pero cercanos de Perú Libre, en cargos públicos importantes– tuvo un costo incalculable para nuestro país. Uno que se tradujo en hechos como los apenas 74 km de carretera construidos en el 2022, frente a los 212 km construidos en el 2020 (durante la pandemia) o los más de 1,000 km que se solían construir en promedio en los años prepandemia.

Recuperarnos será difícil y costoso. Pero, cuando menos, este nuevo hito nos da esperanza de que pronto todo el peso de la ley caerá sobre todos los responsables.

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