Las otras víctimas de la convulsión social

El aeropuerto de Cusco estuvo cerrado por dos días en enero ante la escalada de la protesta en esa ciudad. Ante ello, se reporta menos visita de turistas extranjeros. (Foto de Iván Flores / AFP)

17/01/2023 08H59 - ACTUALIZADO A 17/01/2023 09H04

La violencia es injustificable. Quemar un aeropuerto, las maquinarias de una operación minera o un auto de la Policía con un oficial adentro no se enmarcan dentro de un legítimo derecho de protesta. Y frente a las decenas de fallecidos por la represión de las protestas y los actos vandálicos —cada vez más los segundos que los primeros—, no es insensible hacer un recuento económico de las pérdidas, porque estas afectan a todos los peruanos, sobre todo a los que menos tienen.

Si todavía existe un reclamo social justo detrás de las protestas, la destrucción de infraestructura pública y privada, y el bloqueo de las carreteras no hacen sino recrudecer la pobreza de aquellos a quienes la izquierda — progre y radical— engaña con el cuento de que una Asamblea Constituyente es la solución a sus problemas.

La portada de Gestión del viernes pone sobre la mesa un ejemplo irrefutable: “La cadena de pagos empieza a romperse en el sur del país”. No vamos a comparar las muertes con el hecho de que una madre o un padre —y sus familias— no tengan qué comer hoy porque no pueden salir a trabajar. Pero aquí también hay víctimas, y es una población extensa que sufre alrededor de los focos de violencia. Vayamos a las cifras concretas: seis de los 17 millones de trabajadores en el Perú obtienen sus ingresos al día o a la semana, y ocho de cada diez de ellos son informales. El riesgo de que les corten los pagos, los echen o los dejen sin trabajo hasta nuevo aviso, ante la inmovilidad de los negocios, es altísimo, y la cadena —no es una metáfora— siempre se rompe por el lado más frágil.

Por eso se evitó que se rompiera en la pandemia, porque implica una sucesión de quiebras y una irreparable pérdida de empleos. Piense en un restaurante que ve paralizadas sus operaciones, se le acaba la caja, recorta personal, le deja de pagar a sus proveedores de insumos y estos, a su vez, a los agricultores del campo con los que trabaja. Resisten menos los últimos, y esa es la realidad que esconden los números fríos: la traducción cruda y palpable de los S/ 500 mil y las 1,200 reservas que pierden cada día los hoteles de Cusco, o la cancelación del 85% de paquetes turísticos reservados ahí para los próximos tres meses, según los gremios. Tardaremos en recuperar una imagen confiable como destino turístico, y no son los violentistas los que, lamentablemente, pagarán las cuentas.

Lo harán quienes reclaman olvido y desamparo, que son los que más creen en la idea de que el modelo económico no funciona. Lo cierto es que, entre el 2004 y el 2019 —hasta antes de la pandemia—, la pobreza monetaria cayó de 59% a 20%. Que quede mucho por hacer nadie lo niega. Tampoco que la deuda es el bienestar: que todos tengamos acceso a los servicios básicos, a salud y educación de calidad y, con ello, a la inclusión. ¿La salida, entonces, es una nueva constitución? no, estos derechos están escritos en la Constitución actual. Y la reducción de la pobreza monetaria solo recuperará su ritmo con el crecimiento que el modelo económico nos permite. A la minería ilegal y al narcotráfico —que financian la violencia—,les conviene la anarquía. Al resto de peruanos, no.

A la minería ilegal y al narcotráfico —que financian la violencia—, les conviene la anarquía. Al resto de peruanos, no.