INTERIOR. Para sustituir al censurado ministro del Interior Dimitri Senmache, el mandatario Pedro Castillo invitó a Mariano González, quien ya antes formó parte de un gabinete –en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski–, aunque en la cartera de Defensa. En sus primeras declaraciones, el flamante ministro ha dicho que trabajará por la institucionalidad de la Policía Nacional y fortalecerá todas las políticas de seguridad ciudadana, para lo cual buscará la participación ciudadana.
Hasta ahí nada que criticar a sus declaraciones. Sin embargo, hace falta contrastar estos dichos con la realidad y la experiencia no da espacio a conocer cuán efectivo será el nuevo ministro, pues en la cartera de Defensa apenas duró cuatro meses y debió renunciar al ascender –de manera poco ética– al cargo de asesora ministerial a quien entonces era su pareja.
Debido a sus antecedentes, González debería buscar la mayor transparencia posible en su gestión, además, no llega al Gobierno en el mejor momento, pues a la preocupación de la ciudadanía por la inseguridad que se vive en cada rincón del país, se agregan los anuncios de paralizaciones, huelgas y otros conflictos sociales que han marcado las última semanas y que, sin duda, se irán multiplicando, exigiendo un accionar efectivo por parte de la policía para proteger a la población de los excesos que pudieran cometerse.
No se trata de un encargo sencillo el que González acaba de aceptar, no solo por las dificulta-des propias del sector, sino porque es el sexto ministro que ocupa una de las carteras más volátiles del gabinete. Los retos por delante son varios. El primero será tratar de darle cierta continuidad a las acciones que pudieran estarse elaborando en su sector y que el constante cambio de ministro (en promedio uno cada dos meses) impide. El segundo es apostar rápidamente por una acción coordinada junto a la Fiscalía y el Poder Judicial, de tal manera que le permita mejorar la efectividad de la labor policial. De nada sirve tratar de endurecer las penas si los delincuentes que son atrapados por la policía regresan a las calles casi inmediatamente y, en algunos casos, sin que se les inicie una investigación, menos aún que se logre una sanción.
La sensación de impunidad que mantiene la ciudadanía será el mayor escollo que tendrá que enfrentar González para solicitar su apoyo para aplicar su política de seguridad ciudadana. Habrá que esperar resultados.