INSTITUCIONALIDAD. Como se sabe, desde hace algunas semanas, el Congreso viene llevando un procedimiento sancionador contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que podría culminar con su remoción por supuestas faltas graves que habrían cometido. La principal es haber emitido un comunicado crítico sobre el juicio político que el Congreso emprendió en su momento contra la exfiscal suprema Zoraida Ávalos (según la JNJ, porque dicho procedimiento atentaba contra la independencia judicial) por no haber removido a la magistrada Inés Tello cuando esta cumplió 75 años (la Constitución dice que puede ser miembro de la JNJ solo hasta esa edad, aunque también indica que el mandato es por cinco años) y por haberse retrasado en enviarle al Congreso sus informes anuales.
Al respecto, ya habíamos comentado en esta página hace dos semanas que el Congreso debe tener cuidado con el precedente que dejará sobre qué es lo que se considera falta grave pues, en el futuro, otro Congreso con otra conformación política podría utilizar ese mismo estándar que se fije esta vez para sancionar a futuros magistrados (Gestión 12.09.2023). Pero más allá de este punto y, en general, de cómo se resuelva este caso en particular, es vital que revisemos críticamente nuestras reglas sobre el nombramiento, evaluación y remoción de nuestras autoridades del sistema de justicia. Ello, pues, si algo queda claro hoy en día, es que existe más influencia política en dicho sistema de la que sería saludable en cualquier democracia.
De hecho, justamente es en parte de eso de lo que acusaba la mayoría del actual Congreso a la exfiscal Ávalos: de tener una cercanía a cierto sector político que supuestamente nublaba su independencia. Y es también en parte lo mismo de lo que se viene acusando ahora a los miembros de la JNJ. Quienes discrepan de estas posturas del Congreso, por su parte, también reprueban que dicho organismo pueda sancionar –como hizo con Ávalos y pretende hacerlo con la JNJ– a autoridades con las que la actual mayoría discrepa políticamente.
La independencia del sistema de justicia es una garantía que implica que nuestras autoridades judiciales –jueces, fiscales y las autoridades que los nombran, evalúan y remueven– estén protegidas de la influencia de los políticos de turno. Que sus decisiones nunca sean impactadas por un temor de ser sancionados o por su cercanía a determinado sector político, sino que respondan siempre a un análisis técnico-legal.
Construir un sistema de justicia realmente independiente es un requisito indispensable para que exista confianza para invertir y predictibilidad jurídica en cualquier país. Mientras no lo tengamos, nuestra economía siempre tendrá un techo.
