CONGRESO. Apenas la semana pasada comentábamos que los congresistas harían bien en recordar que, como autoridades, tienen la obligación moral y política de gastar los recursos que se les asignan con responsabilidad y de rendir cuentas de esos gastos (ver Editorial del 21.02.2023). Ello a propósito de varios casos reportados por la prensa que relevaron un aparente uso inapropiado de los viajes pagados a los que tienen derecho los congresistas, así como de los llamativos comentarios en respuesta a los cuestionamientos hechos por algunos legisladores.
En los días que siguieron, sin embargo, fue otro caso de gastos cuestionables hechos por este Congreso el que dio más que hablar. Y es que resulta que, en diciembre, poco después de que se produjese el cambio de Gobierno y en pleno escalamiento de la crisis política, la actual Mesa Directiva firmó una adenda al contrato con el concesionario de comedores para ‘mejorar’ considerablemente las opciones de alimentación de los congresistas. Así, el almuerzo pasó a costar de S/10.59 a S/80 por persona, mientras que el desayuno, de S/4.20 a S/31. Con ello, considerando también la cena (S/80 más), el costo de alimentar a un congresista en un solo día podría llegar a los S/191.
El problema con esta decisión, por supuesto, no es tanto el monto de lo gastado, como parecen haber entendido algunos legisladores que han llevado su defensa por ese lado. Lo verdaderamente problemático es la total falta de criterio político mostrado para, primero, tomar esta decisión en el momento en que se tomó y, después, responder a los cuestionamientos de la prensa de la forma en que algunos congresistas lo han hecho. Patricia Chirinos, por ejemplo, respondió que todos tienen “derecho a comer rico”, mientras que Waldemar Cerrón opinó que “alimentarse no es un gasto innecesario”. Quizá el más desatinado, no obstante, fue Jorge Montoya, quien llegó a increparle a los periodistas que seguro ellos comían “comida de tercera, seguramente”, por los cuestionamientos sobre este tema.
Comentarios como estos solo agravan más la crisis actual. Que tantos legisladores no comprendan la importancia que tienen estos gestos políticos es tan lamentable como peligroso para nuestra democracia. Como reveló un reciente artículo de Denisse Rodríguez, el presupuesto del Congreso peruano es de cerca de US$ 150 millones y superior en US$ 2 millones al del Legislativo chileno, que tiene dos cámaras y 205 representantes. Tanto estos recursos como el poder que les asignamos, no obstante, implican también una gran responsabilidad