PRODUCCIÓN. El MEF ha reactivado las mesas ejecutivas, y comenzó con dos, la semana pasada, la minero-energética y la acuícola. Existen diez de estos grupos de trabajo, que reúnen a ministerios, agencias reguladoras y promotoras, así como gremios empresariales para debatir y acordar afinamientos de las políticas sectoriales con el fin de mejorar la competitividad. Habrá que estar atentos al relanzamiento de las ocho restantes, pues el Gobierno está en la obligación de replicar la celeridad mostrada en los dos primeros casos.
Lo que sí se está repitiendo, lamentablemente, es la vaguedad con que se informa –un vicio heredado de gestiones anteriores–. Los comunicados publicados por el MEF parecen recuentos de reuniones sociales más que de discusiones sobre medidas económicas concretas. Por ejemplo, respecto de la mesa acuícola, apenas si se menciona la agenda pendiente, que incluye dotación de infraestructura eléctrica y de saneamiento, implementación de laboratorios para el monitoreo sanitario y apoyo a los pequeños productores para que cumplan con estándares de calidad.
Todo con miras al futuro, pero sin contar con cronogramas ni estimaciones presupuestales. También se trabajará en impulsar normas específicas, pero brilla por su ausencia la exclusión del sector de los beneficios tributarios y laborales en la nueva Ley de Promoción Agraria. La anterior ley, derogada y reemplazada al caballazo por el Congreso pasado, sí lo incluía. Existía un proyecto de ley de promoción de la acuicultura, pero no concitó la atención que merecía de parte de esos legisladores.
Con respecto a la mesa minero-energética, el MEF es incluso más sucinto y apenas informa que se evaluaron “más de 15 acciones en aspectos normativos, de procedimientos y de presupuesto para instituciones estatales que fiscalizan al sector”. El gremio del sector (SNMPE) es más comunicativo: fueron nueve las preocupaciones que planteó. Entre ellas, la consulta previa para exploraciones, ampliar plazos de la certificación ambiental y mejorar la regulación de los estudios de impacto ambiental y de cierre de minas. Lo que se ignora es si también se debatió sobre la nueva terminología que usa este Gobierno, como “rentabilidad social” o “enfoque territorial integral”.
El MEF tiene que ser más transparente con los temas debatidos y acordados, pues las empresas necesitan contar con esa información para planificar sus operaciones. También es necesario que las decisiones no se dilaten, porque las expectativas sobre la efectividad del esquema se perderán.