Pensiones. En un país tan fragmentado como el Perú es muy difícil encontrar temas en los que la mayoría coincida, pero la necesidad de reformar el sistema pensionario sí es uno de ellos. Tanto quienes aportan al sistema privado (AFP) como quienes lo hacen al sistema público (ONP) reconocen falencias en ambos regímenes. Eso quedó demostrado ayer cuando se presentaron ante la Comisión de Economía del Congreso funcionarios del MEF, la SBS, el BCR y las AFP.
Otro punto en que los representantes de todas estas entidades estuvieron de acuerdo es en la necesidad de contar con una pensión mínima y, según el viceministro de Economía, Juan Pichihua, en la propuesta que trabaja el MEF, se contempla que el Estado pueda financiar parte de esta pensión.
Pero hasta allí llegan las coincidencias y lo que preocupa más es que, aunque desde el MEF se supone que están trabajando una propuesta, lo cierto es que aún no tienen un planteamiento final definido. Mientras tanto, la Comisión de Trabajo busca insistir en un proyecto que bien podría terminar generando más problemas que el régimen actual.
El proyecto insiste en los tres pilares que propuso la propuesta elaborada por el grupo de trabajo de Carmen Omonte hace tres años, donde existiría un aporte universal a cargo del Estado y que garantice una pensión mínima y otro contributivo a cargo de trabajadores y empresas, y un tercer pilar complementario.
Si el aporte de la empresa se refiere solo a los casos en que se trate de trabajadores independientes y a manera de retención, podría no generar mayor costo, salvo la de los trámites que deberían realizar las compañías; pero si se plantea –así como sucede con los aportes a Essalud- crear una nueva carga para las empresas, se terminaría nuevamente castigando a los empleadores formales del país y desalentando la contratación formal de trabajadores.
Pero quizás la mayor preocupación surge por la insistencia en que sea el Estado quien administre los fondos de pensiones. Ejemplo tras ejemplo el Estado ha demostrado ser un mal administrador, no en vano casi no existe ninguna empresa pública que pueda servir de modelo, por lo que no queda claro seguir apostando por esta figura.
Siendo que desde el MEF se está trabajando una propuesta, bien haría el Congreso en esperar recibirla y no adelantar un proyecto que ya tuvo tantas objeciones en el pasado y que podría terminar respondiendo al refrán “el remedio es peor que la enfermedad”.
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