Críticas versus cifras

EMPLEO. La población económicamente inactiva (PEI) es un indicador que no suele variar mucho y no recibe atención, ni de las autoridades ni de los analistas, que prefieren concentrarse en la población económicamente activa (PEA). Pero la pandemia ha hecho que la PEI se mueva, pese a lo cual ha seguido pasando desapercibida. Según el INEI, este indicador está conformado por personas en edad de trabajar pero que no lo hacen, caso de estudiantes, jubilados, rentistas, quienes realizan los quehaceres del hogar, ancianos, etcétera. Por lo mismo, no forman parte de la PEA.

El año pasado, la PEI a nivel nacional alcanzó picos de 12.87 millones y 13.58 millones en los peores meses de la pandemia. Obviamente no se trató de un incremento extraordinario de estudiantes o ancianos, sino de personas que perdieron sus empleos, pero como casi todo estaba cerrado, no pudieron buscar otro. Ese exceso en la PEI, que en abril-junio llegó a 6.73 millones, respecto del mismo periodo del 2019, no es desempleo según el INEI, sino personas que no trabajaban, aunque no se podría decir que no querían trabajar.

El exceso descendió al finalizar el 2020, pero los ingresos que esos millones de personas dejaron de percibir no se podrán recuperar y dado que la gran mayoría laboraba en la informalidad, no accedió a los retiros de AFP que el Congreso aprobó con la nada creíble excusa del “clamor popular”. Si bien los “inactivos” se han ido reincorporando al mercado laboral, el 2020 cerró con 1.19 millones de desempleados, 7.4% de la PEA total (3.5 puntos porcentuales peor que el 2019).

Aunque elevadas, esas cifras están lejos de las que esgrimen como crítica candidatos presidenciales y representantes gremiales. Es que en el Perú el problema más grave está vinculado a la escasez de empleos adecuados y formales, que se exacerbó con la pandemia: la informalidad pasó de 72.7% a 75.3%. No existen propuestas claras para evitar un mayor deterioro. Por ejemplo, cabría preguntarse si existen mecanismos en los programas de estímulo para asegurarse de que los proveedores del Estado contratan personal cumpliendo las normas laborales.

También se debe exigir al INEI mejor información sobre el dimensionamiento de la informalidad laboral. Aunque sí considera un buen grupo de factores (como grupo de edad o nivel de instrucción), debe profundizar en data de, por ejemplo, comercio ambulatorio o migración intranacional (estacional y semipermanente), así como evitar forzar las definiciones para que las cifras no se vean tan horrorosas.