Escribe: César Huamán, gerente general de Internexa en Perú
El Perú enfrenta hoy un punto de inflexión decisivo para reposicionarse en el mapa regional de telecomunicaciones. La acelerada demanda digital, la expansión del tráfico de datos y la transformación de los sectores productivos exigen decisiones inmediatas y una mirada moderna: necesitamos un marco regulatorio flexible, reglas claras que impulsen la inversión y una estrategia inteligente que aproveche la infraestructura pública existente. Sin esto, corremos el riesgo de quedar rezagados frente a nuestros vecinos latinoamericanos.
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El actual marco normativo debe evolucionar al ritmo de la digitalización. El país requiere un marco regulatorio moderno, flexible y orientado a atraer capital privado. Las reglas actuales no responden al ritmo de innovación ni a la demanda creciente por infraestructura de alta capacidad. Es indispensable para expandir redes, incorporar nuevas tecnologías y garantizar servicios digitales competitivos para ciudadanos, empresas y gobierno.
La infraestructura por sí sola no garantiza desarrollo. (Foto: iStock)
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Hoy, más del 90% de hogares declara acceso a Internet (fijo o móvil), con el mayor salto en el ámbito rural; sin embargo, la calidad y capilaridad siguen siendo el verdadero cuello de botella. A fines del 2024, el país superó los 4 millones de conexiones de Internet fijo, pero la penetración por hogar es muy dispar entre áreas urbanas y rurales. La tarea ya no es sólo “llegar”, sino llegar bien: con baja latencia, resiliencia y velocidades competitivas.
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Sin embargo, la infraestructura por sí sola no garantiza desarrollo. De nada sirve fibra óptica en una escuela si los docentes no están capacitados, o banda ancha en un hospital rural si el personal médico no maneja telemedicina. Un primer paso sería actualizar la normativa del sector para luego poner en valor las infraestructuras de telecomunicaciones ya desplegadas en el país. Estas redes permitirán conectar escuelas, hospitales, gobiernos regionales e instituciones públicas, democratizando el acceso a servicios digitales como una herramienta estratégica para cerrar brechas, potenciar la competitividad y la conectividad. No se trata de empezar de cero, sino de hacer que funcione lo ya desplegado.
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Para lograr un crecimiento equitativo, el Estado debe promover incentivos que impulsen a los operadores a llegar a zonas rurales y compartir infraestructura.
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Asimismo, el regulador debe transitar hacia un enfoque constructivo y colaborativo, orientado a la calidad del servicio y a la expansión del acceso. Las mesas de conectividad entre el Estado, el regulador y los operadores han demostrado ser espacios valiosos para avanzar, pero requieren continuidad, agilidad y decisión política.
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Los modelos de cofinanciamiento y colaboración público-privada, muestran que es posible ampliar la cobertura mediante alianzas sostenibles. Además, la inteligencia artificial está transformando la gestión de redes y la atención al cliente: hoy permite optimizar el consumo energético, detectar fraudes y mejorar la experiencia del usuario, contribuyendo a una operación más eficiente y sostenible.
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El país tiene la oportunidad de posicionarse como un actor relevante en el ecosistema digital regional. Contamos con capacidades técnicas, infraestructura desplegada y una demanda creciente. La conectividad inclusiva se logrará incentivando, siendo todos parte de la solución y no el problema.
