Escribe: Enrique Castillo, periodista.
Dina Boluarte alcanzó ya un récord histórico este mes al registrar en el Perú el más bajo nivel de aprobación presidencial de todos los tiempos (desde que se hacen encuestas sobre este tema) según los sondeos a nivel nacional, con una cifra que, además, la ha llevado al último lugar en la comparación con sus pares a nivel latinoamericano.
Cifras de aprobación de ese nivel (5% o 6%) deberían ser realmente preocupantes para cualquier gobierno y para cualquier presidente, y no tendrían que merecer bromas de muy mal gusto, como aquellas que son lanzadas por algún ministro despistado con alma de escudero y que hablan de posibilidades de reelección.
Es obvio y notorio que tan alta desaprobación no ha generado –todavía– una situación dramática, ni ha empujado aún a ninguna acción de desobediencia o de insurgencia que vienen siendo mencionadas y/o promovidas por algunas personas o instituciones como el Ministerio Público que convoca “a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho”. Lo cual puede darle al Gobierno y a la presidenta una falsa sensación de tranquilidad o de golpe pasajero.
Sin embargo, una situación como esta si trae consecuencias que no se ven, pero se sienten.
Con un nivel de aprobación como ese, el aislamiento de la presidenta es cada vez mayor. Y no solo estamos hablando de su total lejanía con la ciudadanía, de su imposibilidad de viajar al interior del país e interactuar con la población local, de su creciente necesidad de estar cada vez más resguardada policialmente, y de su absoluto distanciamiento con la prensa en Lima y en cualquier otra parte del país, sino que, además, su relación con los grupos y líderes políticos será cada vez más distante, solo protocolar (cuando la ocasión lo amerite), y de lo más interesada y oportunista.
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Con ese nivel de aprobación, su dependencia y sometimiento será cada vez mayor, tanto al Congreso y específicamente a algunas bancadas, como a los pocos grupos políticos y gobernadores regionales que la soportan. La presidenta recibirá más reclamos y pedidos de parte de sus “aliados”, tendrá más demandas que atender solícita y rápidamente, y tendrá que aceptar y alinearse con las acciones que emprendan y las decisiones que tomen los que por ahora la blindan.
Con ese nivel de aprobación su credibilidad casi ha desaparecido, y se confirma que su liderazgo no existe, tanto en el país como a nivel internacional. Solo la legalidad la mantiene en el poder, porque legitimidad no tiene.
Con ese nivel de aprobación, su situación personal, política y legal, se torna bastante incierta, en el presente y en el futuro. Porque, ¿quién o quiénes se van a animar a defender o a jugársela por una presidenta con tal desprestigio, que no sean algunos de sus “incondicionales” ministros o ministras? Seamos sinceros, las bancadas en el Congreso que la blindan no lo hacen porque la apoyen, ni porque les importe su situación, sino porque la tienen que soportar para cumplir con sus agendas personales o de grupo. En el momento en el que ella sea un problema o un riesgo para ellos, entonces la dejarán caer.
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Y con ese nivel de aprobación, es como estar parado sobre una zona inflamable. Cualquier chispa puede generar un gran incendio.
Pero siendo todo esto bastante delicado, lo más importante para nosotros es lo que pueda pasar con el país. Si los plazos legales se cumplen, los ciudadanos tenemos que soportar 24 meses más de esta situación. 24 meses más de ausencia de liderazgo y de una gestión presidencial sin autoridad ni capacidad para tomar decisiones correctas que enfrenten los problemas más graves que nos aquejan. 24 meses más de un escenario en el que el Ejecutivo ha cedido la iniciativa a un Congreso que solo busca satisfacer sus intereses.
Con ese nivel de aprobación presidencial, serán muy pocas las personas o profesionales realmente capaces que en los próximos 24 meses puedan y quieran aceptar tomar las riendas de aquellos ministerios que tienen la responsabilidad directa de enfrentar la agenda prioritaria, y de ponerle un pare al Congreso.
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Muy pocas personas íntegras y capaces pondrán en riesgo su prestigio acercándose a un Gobierno sin rumbo y sin apoyo popular, y corremos el riesgo de tener como ministros a miembros del círculo más cercano a la presidenta que se ha caracterizado por la mediocridad, lo que nos llevará a más de los mismo o peor.
24 meses más de leyes sin sentido o contrasentido, de ausencias de políticas públicas y de acciones gubernamentales eficaces, de gestiones ministeriales de apoyo a la presidenta, de incertidumbre para el sector privado, de mínima inversión privada, etc.
24 meses no es poco, y si no hay elecciones adelantadas, alguna solución debemos tener. La otra alternativa es seguir “flotando” y dejar que las cosas sigan como están hasta el 2026. El problema es que si seguimos así, los principales problemas empeorarán, y el riesgo de un nuevo gobierno radical (de derecha o de izquierda) crecerá. Alguien tiene que tomar la iniciativa.
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