¿Defender la economía sin reforzar la democracia?

“Creemos que el cambio de Constitución es el santo grial y nos va a cambiar la vida, y eso no es cierto”, dijo Víctor Gobitz, presidente de Antamina, en su entrevista con Gestión. Si me quedo con un deseo para el Perú en el 2023, es el fin de la falacia que describe Gobitz y, de manera precisa, que ninguna reforma constitucional –si acaso llega– acabe con el rol subsidiario del Estado, que la Carta Magna de 1993 delimita a una “razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”, y que los constitucionalistas Baldo Kresalja y César Ochoa han resumido en una frase digna de fe: “Si la libertad de empresa es la regla, la intervención del Estado es la excepción”.

No redundaré aquí sobre la ineficiencia del Estado empresario: sobra la evidencia, aunque está claro que una parte del Perú no lo cree así. Una derecha articulada, liberal al menos en lo económico, debe dirigir una contracampaña nacional y, a su vez, por una mínima responsabilidad, abrirle camino a tres reformas políticas indispensables, como destaca Apoyo Consultoría (sugiero leer “Adelanto de elecciones, pero con reforma política”, en su LinkedIn): el retorno a la bicameralidad, que traerá “leyes más consensuadas y de mejor calidad”; la vuelta a la reelección, que traerá experiencia al Legislativo y mejorará su funcionamiento; y el desarrollo de elecciones primarias y abiertas en los partidos políticos, que traerá una mejor selección y representatividad de sus candidatos.

Rosanna Ramos-Velita, presidenta del directorio de la caja Los Andes, lo dijo claro en Gestión: “Hay una gran necesidad, de millones de peruanos que aún viven en la pobreza y no tienen acceso a una buena calidad de educación y salud”, y que pueden decir “no tengo nada que perder” ante un llamado a la violencia. ¿Y qué tiene que ver esto con las reformas? Lo que esperamos de ellas: que mejores senadores y diputados aprueben menos leyes populistas, ejerzan un mejor balance de poderes y cierren el paso a la pretensión de una mayor intervención empresarial del Estado –que malgasta recursos indispensables para la extensión de los servicios básicos–; y que el país le dé así una mayor seguridad jurídica a la inversión privada, para bien de su crecimiento y desarrollo.

Tengámoslo claro: más temprano que tarde será inviable defender el modelo económico al margen de la mejora institucional –y económica– que trae estas reformas. Hay una profunda conexión.