Cierre de colegios ilegales y otros aspecto del DU 002 - 2020

Por José Oswaldo Urbina Pérez, Presidente de ANPIEP y Gerente General Colegios Cruz Saco.

En el contexto actual, el objetivo que debe prevalecer es que públicos y privados debemos trabajar juntos por la calidad educativa, encontrando puntos en común y trabajando en alianzas.

Actualmente, el sector privado presta servicio al 30% de los escolares a nivel nacional y, en Lima, llega al 50% de la población estudiantil. Solo el 1% de los colegios cobra una mensualidad superior a S/ 1,000, el 63% cobra una mensualidad menor a S/ 350 , el 3% tiene más de 350 alumnos y el 43% tiene menos de 100 alumnos. Del total, solo el 4% cobra cuota de ingreso.

El decreto de urgencia emitido por el gobierno para cerrar los colegios Ilegales (exactamente 264) y regularizar los informales (1,315 colegios), es recibido con mucho agrado por la población y ha sido presentado como una medida para eliminar la estafa de los colegios ilegales que se aprovechan de la población; sin embargo, si el fin del decreto era este, creemos que no era necesario pues todo acto de estafa es sujeto de denuncia penal y, como se menciona, es para los colegios ilegales no reconocidos por el Ministerio de Educación (Minedu), no para los colegios formales del segmento C, D o pequeños.

Creemos y confiamos en que se desea hacer las cosas bien, pero si no se analiza el sistema en conjunto y se elaboran normas evaluando solo una arista del problema, esta medida puede ser contraproducente para una verdadera mejora de la calidad educativa.

Durante el último año han existido reuniones y mesas de trabajo en el Minedu, con la participación de casi todos los gremios y entidades relacionadas con la educaciónn: INDECOPI, Defensoría del Pueblo, Congreso de la República, entre otros. En estas mesas se analizaron los problemas que aquejan el sector, pero lastimosamente -y lo decimos con preocupación- no se ha tomado en cuenta gran parte del trabajo realizado en la publicación de este decreto de urgencia.

El principal problema en los colegios privados es la morosidad y no se ha considerado alguna medida para este tema en este decreto. La cultura del no pago se ha incrementado bajo el paraguas de la Ley de protección a la economía familiar, lo que perjudica a toda la comunidad educativa.

Por ejemplo, se generan problemas de pago a profesores. Es muy lamentable que con esta ley se incentive la cultura del perro muerto y que los que pagan puntual asuman los costos y gastos de los que no lo hacen, tanto en pensiones como en los útiles. Tener morosidades mensuales elevadas que superen el 50% y anuales que bordean el 30% hace imposible el funcionamiento de los colegios. El punto más crítico es que se proteja al mal pagador no porque tenga un problema sino porque no tiene la intención de cumplir con la responsabilidad asumida.

La eliminación del silencio administrativo positivo constituye otro gran error de este decreto, pues ante un plazo de 90 días -con lo cual se obtiene la resolución directoral ficta por silencio positivo- las direcciones regionales tiene un año adicional para revisar el cumplimiento y suspender de oficio dicha resolución.

Pasado este tiempo, el Minedu tiene 2 años para pedir ya por la vía judicial la anulación del dicho permiso; es decir, se cuenta con tres años y 90 días para rectificar y anular la autorización, tiempo más que suficiente para evaluar el funcionamiento de un colegio, y que se deja pasar por falta de personal, burocracia o por corrupción. Esto puede desincentivar la inversión privada en Educación y generar más corrupción.

Exigir la titulación docente también se ve como una buena medida, pero se requiere medidas complementarias y articulación con las Universidades para aumentar la oferta de profesores, pues de lo contrario esta exigencia no se podrá cumplir. De acuerdo al estudio “Los maestros que el Perú necesita”, en el 2021 faltarán cerca de 175 mil maestros titulados para el sistema educativo peruano. Sería necesario la reapertura de los cursos de complementación para educación y la titulación en otras Universidades.

Por ejemplo docentes que han estudiado en provincias y hoy trabajan en Lima no se pueden titular porque deben hacerlo necesariamente en su universidad origen renunciando al trabajo actual. Ni el Estado puede cumplir esta exigencia, y lo contempla en el Artículo 76 de la Carrera Pública Magisterial que permite la contratación de personal sin título en caso que no se cubra la vacante en el Estado.

Nadie puede estar en contra del cierre de los colegios ilegales; pero se está confundiendo al ilegal con los colegios pequeños que con mucho esfuerzo brindan un servicio acorde a la normativa. Es urgente una aclaración por parte del Minedu a fin de no generar zozobra y de tomar en cuenta los otros aspectos de la problemática del sector educativo.

La educación es un derecho y el Estado garantiza el acceso, pero no se debe confundir este acceso a la educación como atentado contra la inversión privada en educación, ni tampoco que la gratuidad de la enseñanza debe darse en el colegio privado.