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El modelo de democracia liberal que empezó a desarrollarse tras la Revolución Francesa –aquel que se opone a los autoritarismos y al poder político concentrado y que plantea, en cambio, la igualdad ante la ley y la distribución del poder con pesos y contrapesos– nunca ha llegado a consolidarse en el Perú. En nuestra historia republicana, lo máximo que hemos logrado es ser una ‘democracia imperfecta’. O, visto de otro modo, una aún en construcción.
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Esto no es una opinión, sino el consenso de los más serios índices sobre democracia, como los del proyecto Varieties of Democracy y el Economist Intelligence Unit. Según estos, tras más de una década de avances, desde hace algunos años Perú ha empezado a retroceder. Por ello, en nuestro país es particularmente importante entender que la única forma de revertir esta tendencia es si más gente honesta y competente se compra el pleito.
En este contexto y, frente a un panorama de incertidumbre y preocupación por varias iniciativas que el Congreso ha venido aprobando sin el debido debate y contra opiniones técnicas, llamó positivamente la atención la semana pasada que varias personas y organizaciones del sector privado se animaran a publicar opiniones o pronunciamientos a través de comunicados, columnas o vía redes sociales.
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En un pronunciamiento conjunto, por ejemplo, Adex, Agap, la CCL, Capeco, Confiep, la FTCC y la SNI criticaron los cambios aprobados en primera votación a las normas sobre crimen organizado. Con razón, sostuvieron que estos “ponen en mayor riesgo la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado”.
Alfonso Bustamante Canny, presidente de la CONFIEP, publicó en su columna en este diario un texto en el que no solo lamentó varios de los retrocesos que ha tenido nuestro país en los últimos años, sino que recordó que su organización ha presentado al Ejecutivo un documento con 17 propuestas de políticas públicas en varios sectores.
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Capitalismo Consciente, por su parte, lanzó un comunicado con una crítica más dura contra el Congreso por asuntos como la eliminación de las PASO, el retroceso en las facultades e independencia de la Sunedu, la pretensión de eliminar la JNJ y al proyecto que impondría formalidades excesivas y potenciales sanciones desorbitantes (de hasta 500 UITs) y sin criterios claros a la cooperación internacional.
Más allá de sus posturas, y sin que esto sea un endoso, debe saludarse el que empresarios exitosos como Carlos Añaños se animen también a entrar en política. Beneficiaría a la democracia que más empresarios de alto perfil, con distintas formas de pensar, hagan lo mismo por varios partidos.
Consolidar nuestra democracia no es una responsabilidad solo de los políticos. Desde nuestro rincón, todos tenemos un rol. Y el del sector privado es justamente fiscalizar de esta forma. Que esto sea solo el comienzo.
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