El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, acusó a los dos candidatos opositores que no firmaron un acuerdo para reconocer el resultado de los comicios del 28 de julio –Edmundo González y Enrique Márquez– de planear un golpe de Estado para “cualquier momento”.
Maduro aseguró que tiene pruebas al respecto, sin embargo, no las mostró ni brindó detalles sobre el particular.
“¿Para qué se inscribieron en las elecciones? Se inscribieron para tratar de embochinchar el país, de hacer daño otra vez a Venezuela y, creen ellos, intentar un golpe de Estado en cualquier momento; tengo pruebas, sé lo que estoy diciendo”, dijo el jefe de Estado en un acto político.
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Según el mandatario, González Urrutia, aspirante de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y Márquez son “títeres de la oligarquía”, pretenden “gritar fraude” y generar “violencia y un golpe de Estado”, afirmaciones a las que Maduro recurre con frecuencia.
En este sentido, pidió a sus seguidores “nervios de acero” y “máxima unión y movilización” ante “cualquier circunstancia”, para que gane “la paz en cada calle, en cada comunidad y en cada municipio”.
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Recordó que él –promotor de dicho acuerdo– sí firmó porque quiere “la paz y lo mejor para Venezuela” y porque está seguro de que va a “ganar por paliza, por nocaut” en los comicios.
El documento, suscrito por 8 de los 10 aspirantes, compromete a los firmantes a mantener un “clima de respeto, paz y participación democrática”, para que, en la jornada electoral y los días posteriores, no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo con hechos de violencia y desestabilización.
Este viernes, Márquez tachó de “inútil” el acuerdo, ya que su contenido es “redundante” y está “incompleto”, además de ser “unilateral”, al no haber “podido opinar y discutir su contenido”.
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Por su parte, González dijo que no fue invitado a la firma del acuerdo, que ya había rechazado previamente, argumentando que el reconocimiento de los resultados ya está contemplado en el Acuerdo de Barbados, suscrito entre la PUD y el Gobierno en octubre.