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Únete al canal de GestiónLos diputados británicos volvieron al trabajo este miércoles tras la dramática decisión de la Corte Suprema, que declaró “ilegal” y “sin efecto” el cierre del parlamento por el primer ministro Boris Johnson, enfrentado a un terremoto político a un mes del Brexit.
La Cámara de los Comunes reanudó sus sesiones por la mañana, pidiendo explicaciones sobre su suspensión al fiscal general, el consejero jurídico del gobierno, Geoffrey Cox.
Johnson, que voló desde Nueva York donde la víspera había hablado ante la Asamblea General de la ONU, comparecerá ante el parlamento por la tarde. Y los primeros enfrentamientos verbales entre el partido conservador y la oposición pronosticaban una sesión explosiva.
“Este parlamento es un parlamento muerto”, lanzó Cox con una voz de trueno, reprochando a los diputados haber rechazado tres veces el acuerdo de divorcio negociado con Bruselas por Theresa May y negarse a autorizar elecciones anticipadas para salir del bloqueo.
“Este parlamento debería tener el valor de enfrentarse al electorado, pero no lo hará”, agregó.
Asegurando que “hay mucha gente que quiere frustrar el Brexit”, Johnson había reiterado la víspera su llamado a unos comicios anticipados que la oposición se niega a concederle hasta que se descarte por completo la amenaza de una salida brutal de la Unión Europea el 31 de octubre.
Cox aseguró que “próximamente se presentará ante la cámara” una nueva moción para adelantar las legislativas, normalmente previstas para el 2022.
Johnson, que perdió la mayoría tras la rebelión de 21 de sus diputados, está ganando popularidad entre los votantes según los sondeos y quiere aprovechar este impulso.
Pero para convocar elecciones anticipadas necesita el apoyo de dos tercios de una cámara que ya rechazó dos veces su propuesta.
“Nuestra principal prioridad es prevenir una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre”, reiteró el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, en la radio BBC. E insistió que hasta entonces no habrá elecciones.
“Una presión mucho mayor”
“Este gobierno manipuló cínicamente el procedimiento de suspensión para cerrar esta cámara y que no funcionase como una asamblea democrática”, dijo casi asfixiado por la ira el diputado laborista Barry Sheerman.
Por decisión del controvertido primer ministro, el parlamento vio sus labores suspendidas el 10 de setiembre, al término de un muy largo y acalorado debate sobre el Brexit, y no debían volver al trabajo hasta el 14 de octubre, dos semanas antes del Brexit.
Pero el martes, asestando a Johnson un golpe implacable que se suma a los múltiples reveses políticos sufridos en las últimas semanas, 11 jueces de la Corte Suprema dictaminaron por unanimidad que la suspensión parlamentaria fue “ilegal”, “nula y sin efecto”.
El gobierno había justificado el receso por la necesidad de preparar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual pero que suele prolongarse sólo una semana. Sus opositores lo acusaron de intentar maniatarlos ante la amenaza de un Brexit sin acuerdo.
Y la justicia les dio la razón: “tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”.
Esta sentencia, cuya dureza nadie anticipaba, abrió la puerta a un alud de llamados a la dimisión de Johnson.
En opinión de Robert Craig, experto en derecho constitucional en la London School of Economics (LSE), el primer ministro está ahora “sometido a una presión mucho mayor”. “Puede haber una moción de censura o los diputados pueden adoptar leyes para obligarlo a hacer ciertas cosas”, precisa, como comprometerse por ejemplo a no cambiar la fecha de unas elecciones anticipadas si estas son convocadas.
Antes de partir de Nueva York, el líder conservador había esquivado las preguntas de los periodistas sobre una eventual renuncia y reafirmó que pretende sacar al país de la Unión Europea dentro de un mes “cueste lo que cueste”, a pesar de una ley aprobada de urgencia antes de la suspensión parlamentaria que le obliga a pedir otro aplazamiento si al 19 de octubre no ha alcanzado un acuerdo con Bruselas.
