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La ciudad china de Shanghái no registró el sábado ninguna nueva infección de COVID-19 por primera vez desde marzo, cuando estalló un fuerte brote vinculado a la variante ómicron que llevó a un largo y severo confinamiento de su población.
“No hubo ningún nuevo caso doméstico confirmado de COVID-19 y ninguna nueva infección asintomática en Shanghái el 24 de junio de 2022″, dijo en un comunicado el gobierno de la ciudad de 25 millones de habitantes.
En marzo, los contagios empezaron a multiplicarse en la capital económica del país, que terminó decretando un severo confinamiento durante dos meses de duración.
El encierro, criticado por la población que tenía dificultades para conseguir comida y cuidados médicos, se levantó virtualmente a principios de junio, aunque el retorno a la normalidad se vio entorpecido por la reinstauración de restricciones en algunos distritos.
Hace dos semanas, millones de personas volvieron a verse temporalmente confinadas mientras el gobierno municipal desplegaba una campaña de test masivos en algunas zonas.
Por otro lado, la capital Pekín cerró escuelas y oficinas durante semanas por otro brote que, según las autoridades, fue contenido la semana pasada.
La oficina de educación municipal indicó el sábado que todos los estudiantes de escuela elemental e intermedia podrían volver a clase a partir del lunes, aunque antes profesores, alumnos y padres deberán someterse a una prueba PCR.
La capital notificó solo dos nuevas infecciones el sábado.
Por su parte, Shenzhen, una gran urbe industrial del sur del país, anunció este sábado que cerrará por tres días los mercados de mayoristas, los cines y los gimnasios de un distrito del centro limítrofe con Hong Kong, después de que en esa localidad se detectaran casos de COVID-19.
China es una de las grandes economías del mundo que sigue aplicando la llamada estrategia “cero COVID” para erradicar el virus a base de restricciones a los viajes internacionales, cuarentenas, test masivos y severos confinamientos.
Las autoridades insisten que esta política es necesaria para evitar un hundimiento del sistema de atención sanitaria ante la distribución desigual de los recursos médicos y las bajas tasas de vacunación de los ancianos.
