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Los legisladores suizos expresaron su descontento por la adquisición de Credit Suisse Group AG, criticando el uso de medidas de emergencia por parte del Gobierno y culpando a la gerencia del banco.
“El liderazgo de Credit Suisse tiene que asumir la responsabilidad de sus acciones, eso no solo lo dicta la ecuanimidad”, dijo Hansjörg Knecht, miembro del Partido Popular Suizo, a la Cámara Alta del Parlamento durante una sesión especial en Berna. “Decenas de miles de empleados están preocupados por sus trabajos”.
La reunión extraordinaria del Parlamento, que durará tres días a partir del martes, es el campo de batalla más reciente para que el Gobierno justifique por qué negoció la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS Group AG.
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La medida, descrita por el presidente Alain Berset como la mejor opción para restablecer la confianza en los mercados, creó un gigante bancario cuyos activos duplican con creces el tamaño de la economía suiza.
El Parlamento, al igual que los accionistas, no tuvo voz en la negociación, sin embargo, el acuerdo del 19 de marzo fue firmado por un pequeño grupo de importantes parlamentarios: la llamada delegación financiera. Eso significa que la adquisición no puede ser anulada por el Congreso.
Uno de los miembros de esa delegación, Peter Hegglin, de la Alianza del Centro, destacó que no había otra opción, aunque lamentó la situación.
“La decisión no fue fácil para mí”, dijo. “La industria bancaria fue advertida por la crisis de 2008. Desafortunadamente, el liderazgo de Credit Suisse no aprendió de la crisis”, señaló. “Como en una tragedia dramática, los gerentes destruyeron valores y se enriquecieron en el proceso”.
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Previamente, la intervención del Gobierno fue defendida por Berset, quien dijo que los ministros debían detener el colapso del banco —que habría ocurrido en el lapso de uno o dos días sin el rescate del 19 de marzo— y detener las consecuencias más allá de la propia Suiza.
“El Consejo Federal se vio obligado a intervenir para mantener la estabilidad tanto en Suiza como internacionalmente y para proteger la economía”, dijo Berset en la capital suiza. “Una quiebra de Credit Suisse habría tenido consecuencias desastrosas”.
Los legisladores están tratando de presionar al Gobierno para que revise las regulaciones para bancos de importancia sistémica y emprenda acciones legales contra la gerencia de Credit Suisse. No está claro en este momento a qué ejecutivos podrían apuntar.
Dado que la fusión ha recibido con poco entusiasmo de la ciudadanía y que este es un año electoral, el Parlamento también está tratando de restringir las facultades del Gobierno en el futuro: están tratando de bloquear el uso de medidas de emergencia para aprobar acuerdos como este.
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