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El nuevo gobierno de Colombia radicó el lunes ante el Congreso un proyecto de ley de reforma tributaria para obtener en una fase inicial 25 billones de pesos (US$ 5,763 millones) adicionales en el 2023, esenciales para financiar los planes sociales del presidente Gustavo Petro.
El monto para el próximo año equivaldría a un 1.72% del Producto Bruto Interno (PBI). La reforma plantea incrementar el recaudo de impuestos de manera gradual con medidas antievasión y antielusión hasta llegar a unos 50 billones de pesos adicionales al año (US$ 11,528 millones) al término del gobierno de Petro, en el 2026, precisó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
“Buscamos contribuir a la igualdad y la justicia social con un sistema tributario más progresivo, pero además asignando los recursos correspondientes para programas sociales del gobierno y consolidar el ajuste fiscal porque está claramente incompleto, aunque se han hecho avances este año de todas maneras el déficit fiscal sigue siendo considerable”, dijo Ocampo.
La reforma busca desmontar tratamientos tributarios preferenciales que benefician a los más pudientes, reducir la pobreza y la desigualdad en el país, así como erradicar el hambre con planes como un aporte pensional para todos los ancianos pobres y educación universitaria pública gratuita.
La semana pasada Ocampo dijo en una entrevista con Reuters que “es imposible” realizar el plan de Gobierno del izquierdista Petro sin la aprobación de la reforma fiscal, mientras afirmó que no haría ni dejaría hacer “ninguna locura”.
Entre las principales propuestas de la reforma están una mayor tributación para quienes ganan más de diez millones de pesos mensuales (US$ 2,305), un impuesto sobre el patrimonio de forma permanente para las personas y un tributo sobre las utilidades o dividendos provenientes de la venta de acciones de empresas que coticen en bolsa.
Además, el proyecto establece un impuesto de 10% a las exportaciones de petróleo sobre un precio superior a US$ 48 por barril, de carbón mayor a los US$ 87 por tonelada y de oro por encima de los US$ 400 por onza.
En tanto, el pago de regalías por parte de las compañías del sector minero y petrolero no serán deducibles de sus impuestos, aseguró Ocampo.
La Asociación Colombiana de Minería dijo que haría comentarios sobre la propuesta más adelante esta semana, mientras que el presidente de la privada Asociación Colombiana del Petróleo precisó que se analizaría el proyecto de ley.
La reforma eliminará algunas exenciones a empresas, impondrá tributos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, a los plásticos de un solo uso y contemplará un impuesto al carbono.
El presidente del Senado y miembro de la coalición que llevó a Petro a la presidencia, Roy Barreras, solicitó al ministro de Hacienda presentar un mensaje de urgencia para agilizar el trámite de la iniciativa, a pesar de que el gobierno se ha comprometido a no hacerlo.
Petro prometió no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo para caminar hacia una transición energética, propuesta que ha despertado la incertidumbre en los mercados.
Ocampo estimó que con la reforma se lograría reducir la pobreza en cuatro puntos porcentuales en el primer año de mandato de Petro.
Además, dijo que se propone cumplir con la regla fiscal, que establece un déficit del Gobierno Nacional Central de 5.6% del PBI para este año y de 3.6% del PBI para el 2023.
