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Cuatro años después de haber sido elegido con la promesa de combatir el crimen organizado con “abrazos, no balazos”, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ahora está tomando medidas para aumentar el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.
Al hacerlo, espera frenar un nuevo aumento de la violencia relacionada con las bandas. Pero, para disminuir el poder de los cárteles de la droga de México, se necesitará más que simplemente enviar al Ejército a las calles.
El mes pasado, los enfrentamientos entre bandas armadas dejaron más de 200 muertos y decenas de negocios destruidos, lo que pone de relieve el deterioro de la seguridad bajo el mandato de López Obrador. Aunque las tasas de homicidios han disminuido desde el comienzo de la pandemia, gran parte de México sigue siendo extraordinariamente violento.
El país alberga las ocho ciudades más peligrosas del mundo, según un grupo de investigación. Las “desapariciones” se han disparado en la última década. En el 2021, cerca de 45,000 mexicanos huyeron de sus hogares por miedo a la violencia, cinco veces más que el año anterior.
Una estimación militar de Estados Unidos señala que hasta un tercio de México es considerado “espacio sin Gobierno”, controlado en gran parte por organizaciones criminales. López Obrador cuestiona esa cifra y, sin embargo, según casi todos los indicadores, los cárteles de la droga han crecido en número, potencia y riqueza, impulsados por la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos. México es la fuente dominante de fentanilo ilegal transportado a Estados Unidos, y los cárteles fabrican y distribuyen cada vez más sus propias versiones de la droga.
Aunque López Obrador ha criticado durante mucho tiempo los excesos percibidos de la guerra contra las drogas en México, sus políticas no han resultado más efectivas. Para combatir la corrupción, en el 2019 reemplazó a la Policía Federal por una nueva Guardia Nacional de 115,000 personas, compuesta en gran parte por exsoldados sin experiencia en la investigación de delitos ni en la aplicación de la ley. Peor aún, ha reducido la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos, en represalia por las iniciativas de Washington para enjuiciar a funcionarios mexicanos de alto rango sospechosos de colusión con cárteles.
Entre otras cosas, el Gobierno ha puesto límites a las operaciones de los agentes antidrogas de Estados Unidos y ha disuelto una unidad de inteligencia de élite que trabajaba en estrecha colaboración con Estados Unidos para capturar a importantes capos.
La incapacidad de México para sofocar la creciente narcoviolencia amenaza a los civiles en ambos lados de la frontera. En las últimas semanas, legisladores mexicanos aprobaron una solicitud de López Obrador para dejar al Ejército a cargo de la Guardia Nacional y autorizaron que los militares se encarguen de las funciones de seguridad pública hasta el 2028.
Si bien estas medidas pretenden tranquilizar a la población, no serán suficientes para acabar con el poder de los cárteles. El Gobierno debe dedicar más recursos y personal de inteligencia para identificar y desmantelar laboratorios de producción de opioides y fortalecer la capacidad de los funcionarios de seguridad portuaria y aduanas para interceptar el tráfico de precursores utilizados para fabricar drogas sintéticas.
México también debería abordar la debilidad de su sistema de justicia penal, que, según algunos informes, deja en la impunidad más del 90% de los delitos. Esto hará necesario financiamiento para reclutar y equipar a la Policía, aumentar los salarios de fiscales y jueces, y desarrollar la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para investigar y procesar casos penales complejos.
Lo que es más importante, México debería revitalizar la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos y reducir las restricciones a las operaciones antidrogas estadounidenses. Ambos países deberían trabajar juntos para erradicar a funcionarios actuales y previos que hayan inducido al tráfico de drogas, y hacerlos responsables.
Por su parte, la Administración del presidente Joe Biden debería adoptar medidas más agresivas para detener el flujo de armas desde Estados Unidos a México, intensificando las operaciones antitráfico y exigiendo que las agencias policiales mejoren su recopilación de datos sobre las fuentes de las armas de fuego incautadas en México.
Debería trabajar con el Congreso para aumentar los fondos para la seguridad fronteriza, esencial para frenar el contrabando de fentanilo a Estados Unidos, gran parte del cual es transportado en vehículos que pasan por puertos de entrada legales. Frenar la demanda de drogas en Estados Unidos a través de la educación y programas de tratamiento de adicciones, un esfuerzo ciertamente largo y costoso, también es esencial para salvar vidas en ambos países.
Estados Unidos y México tienen un interés compartido en combatir el narcotráfico y eliminar la impunidad de la que disfrutan las redes criminales. Un diálogo de seguridad que está planificado para el próximo mes en Washington sería un buen lugar para comenzar. El compromiso renovado de ambos Gobiernos es un paso necesario para acabar con el control de los cárteles de la droga y el sufrimiento que ellos infligen a personas inocentes.
