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En casi 40 años, los fondos privados de pensiones de Chile lograron acumular US$ 200,977 millones, equivalentes al 80% del PBI chileno, con un enorme poder para dinamizar los mercados de capitales más que pagar buenas pensiones.
Creadas en 1981, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), como el primer sistema de capitalización absolutamente individual, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) suman hoy 10.9 millones de afiliados, aunque cerca de la mitad son cuentas activas.
A junio, el sistema entregó una pensión promedio de 195,000 pesos (US$ 250), casi 40% por debajo del salario mínimo y muy lejos de la promesa de pagar al año 2020 el 100% del último salario, aún en aquellos casos de los trabajadores más beneficiados, quienes se jubilan con 30% a 40% de sus remuneraciones.
En este escenario, producto de la disconformidad de los sectores de ingreso medio con las medidas del gobierno de Sebastián Piñera para ayudarles durante la crisis del coronavirus, está a punto de aprobarse en el Congreso una ley que permite el retiro excepcional del 10% de los fondos ahorrados, una iniciativa promovida por la oposición y que cuenta con un amplio respaldo ciudadano.
La normativa permite retirar hasta un máximo de 4.3 millones de pesos (US$ 5,400) y un mínimo de un millón de pesos (US$ 1,250 dólares) de los fondos de pensiones. Quienes tengan ahorrado menos de ese mínimo podrán retirar la totalidad del dinero.
Estimaciones oficiales cifran entre US$ 17,000 millones y US$ 20,000 millones el máximo que podría salir del sistema de pensiones.
El economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, estima que no deberían generarse mayores alteraciones en el mercado financiero si la liquidación de activos por parte de las AFP para responder a la demanda de los afiliados se hace de forma "gradual, coordinada y auditada".
Un 55% de los fondos de pensiones están invertidos en Chile, en su mayoría en deuda pública e instituciones bancarias, mientras que un 45% está colocado en el extranjero.
"El sistema ha servido para dinamizar los mercados de capitales, pero no (para) pagar buenas pensiones", dice Kremerman.
En cuanto a su impacto en las pensiones, se estima que podrían bajar entre 5% y 10% del monto mensual luego de aplicarse esta medida.
Un análisis de la consultora especializada en seguridad social Ciedess, en tanto, afirma que de aprobarse el texto legal, casi tres millones de personas quedarían posibilitadas de retirar la totalidad de sus fondos de pensiones, quedando con un ahorro igual a cero para el futuro.
“No es razonable enfrentar las necesidades urgentes y de corto plazo de las personas, afectando un sistema de la seguridad social cuyo diseño responde a una lógica de ahorro de largo plazo”, afirmó el gerente general de Ciedess, Rodrigo Gutiérrez.
