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Con más de 12,400 muertos por coronavirus, Brasil, epicentro latinoamericano de la pandemia, encara el creciente avance de la enfermedad en medio de un pulso entre los gobernadores y el presidente Jair Bolsonaro, quien presiona por abrir hasta los gimnasios y peluquerías del país.
Mientras los países europeos han comenzado a doblegar la curva del COVID-19 tras meses de duro confinamiento, Brasil se enfrenta a una fuerte escalada de la enfermedad, con un fuerte aumento diario de muertos y casos confirmados de coronavirus (177,589) que supera ya a Alemania y se aproxima a Francia.
El recrudecimiento de la enfermedad ha puesto en jaque a los estados brasileños, muchos de los cuales están al borde del colapso sanitario, y ha obligado a las principales regiones del país, como Sao Paulo y Río de Janeiro, a endurecer las restricciones de circulación para contener los contagios.
Dichas medidas han sido duramente criticadas por Bolsonaro, quien ha alentado a volver al trabajo para "salvar la economía" bajo el argumento de que el desempleo mata tanto como el virus.
El líder de la ultraderecha brasileña ha colocado en su punto de mira a los gobernadores de Sao Paulo y Río de Janeiro, dos de los estados más ricos y poblados del país y principales promotores de las cuarentenas, y les ha retado en diversas ocasiones, alargando la batalla política en plena pandemia.
El fuego cruzado se recrudeció esta semana, cuando el presidente publicó un decreto para incluir a los gimnasios, los salones de belleza y las barberías como "servicios esenciales" que deben continuar funcionando pese al agravamiento de la crisis.
La decisión fue interpretada como una presión contra los gobernadores, pues el Tribunal Supremo ratificó en abril la autonomía de los estados y municipios para decidir las medidas de aislamiento social.
Tanto el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, como el de Río, Wilson Witzel, siguieron las directrices de la máxima corte e ignoraron el decreto presidencial, ampliando la brecha que les separa del jefe de Estado, que parece aislarse políticamente.
Bolsonaro considera que el coronavirus es una “gripecita” que va a afectar al 70% de la población y sugirió que hasta él podría haberse contagiado en el “pasado”, tras la presión para que haga públicos sus exámenes de COVID-19, los cuales, según él, dieron negativo.
Tras varios recursos judiciales, el Gobierno de Brasil, a través de la Abogacía del Estado, entregó la noche del martes a la Suprema Corte los resultados de las pruebas realizadas el pasado marzo, tras un viaje oficial a Estados Unidos.
La doble crisis de Bolsonaro
Además de la crisis del coronavirus, Bolsonaro se encuentra sumido en una grave turbulencia política detonada por su exministro de Justicia Sergio Moro, quien le ha acusado de intentar interferir políticamente en investigaciones de la Policía Federal que pudieran salpicar a su familia.
La Fiscalía ha abierto una investigación que podría poner contra las cuerdas al jefe de Estado, cuya popularidad se ha visto golpeada durante su primer año y medio de mandato, al pasar del 56% al 32% actual.
Una de las piezas claves de dicha investigación es el video de una reunión de Bolsonaro con un grupo de ministros en la que, según fuentes judiciales, el mandatario habría explicitado que pretendía cambiar al superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro para "proteger a su familia" de una supuesta "persecución".
En el marco del proceso, declararon el martes ante la Justicia, bajo secreto de sumario, los ministros de la Presidencia, Walter Braga Netto; Seguridad Institucional, Augusto Heleno, y Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos, quien supuestamente confirmó que Bolsonaro se refirió a la Policía Federal durante el encuentro.
No obstante, los ministros habrían precisado que Bolsonaro quería tener más informaciones por parte de la Policía Federal para perfeccionar las acciones del Gobierno y no solicitó informes de investigaciones concretas.
El jefe de Estado, sin embargo, niega tajantemente que se mencionara a la Policía Federal y hoy afirmó que el ministro Ramos se "equivocó" al prestar declaración.
Si la Fiscalía concluye que Bolsonaro ejerció presiones políticas ilegales, podría presentar una denuncia formal al Supremo, que a su vez debería pedir autorización a la Cámara de Diputados para iniciar el proceso correspondiente.
En ese extremo, si se aceptara una eventual denuncia, Bolsonaro sería separado del cargo durante los 180 días que duraría el juicio y sustituido por el vicepresidente Hamilton Mourao, quien concluiría el mandato que vence el 1 de enero del 2023 si el gobernante fuera hallado culpable.
