Los países del Grupo de Lima y Estados Unidos se declararon este lunes dispuestos a adoptar nuevas sanciones contra el ilegítimo Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y condenaron sus “crecientes vínculos” con “grupos armados al margen de la ley”.
Reunidos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, los Gobiernos de algo más de una decena de países americanos se mostraron favorables a usar “medidas económicas y políticas” contra Maduro, “sin el uso de la fuerza”, con el fin de restablecer “el orden constitucional y democrático en Venezuela”.
EE.UU., que no forma parte del Grupo de Lima, prometió por su parte que va a seguir ampliando sus sanciones e hizo un llamamiento al resto de la comunidad internacional a hacer lo mismo.
“Necesitamos más presión aún, más sanciones y ustedes verán más sanciones por parte de Estados Unidos”, dijo a los periodistas el enviado estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams, tras participar en la reunión.
Abrams defendió la necesidad de aumentar la “presión diplomática” y la “presión económica” para lograr “el cambio que todos queremos en Venezuela”.
Mientras, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y representantes de la Administración venezolana de Juan Guaidó, como miembros del Grupo de Lima, consensuaron una declaración en la que acusan a Maduro de bloquear cualquier salida negociada.
Además, renovaron su apoyo a Guaidó y expresaron su “disposición de adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”.
Además, por iniciativa de Colombia, estos países rechazaron los “crecientes vínculos” del Gobierno de Maduro con “grupos armados al margen de la ley” y el amparo que da “la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, lo que representa una clara amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la región”.
El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, se mostró “muy satisfecho y agradecido” por ese mensaje acordado por el Grupo de Lima.
También dejaron clara su intención de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree un mecanismo independiente de seguimiento e investigación sobre la “violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela”, documentada por un reciente informe de la organización internacional.
Además, rechazaron la candidatura del Gobierno venezolano a ese Consejo, “por ser absolutamente contraria a la tarea de protección y defensa de los derechos humanos”.
En declaraciones a los periodistas, el opositor venezolano Julio Borges, designado como comisionado para Asuntos Exteriores por Guaidó, destacó que en el Grupo de Lima hay un “rechazo completo a lo que ha hecho Maduro, que es cerrar y golpear la posibilidad de una solución real” a través de negociaciones.
La reunión del Grupo de Lima fue la primera de una serie de encuentros sobre Venezuela previstos en los márgenes de la Asamblea de la ONU.
Este lunes, a las 15.00 hora de Nueva York (19.00 GMT) se reunirán los ministros de Exteriores de la veintena de países que suscribieron el (TIAR), una especie de OTAN americana.
Los cancilleres deberán decidir qué medidas toman con respecto a Venezuela en el marco del TIAR, que recoge varias posibilidades: romper relaciones diplomáticas y económicas, decretar un bloqueo al transporte naval y aéreo o, ir más lejos, y autorizar el “empleo de la fuerza armada”.
Este lunes, todos los cancilleres consultados por los periodistas durante la reunión del Grupo de Lima insistieron en que ahora mismo se descarta totalmente la opción militar.
Declaración del Grupo de Lima
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela miembros del Grupo de Lima, reunidos en la ciudad de Nueva York, expresan lo siguiente:
- Rechazan los reiterados y sucesivos bloqueos del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro a los procesos de negociación con las fuerzas democráticas y la Asamblea Nacional de Venezuela para alcanzar una salida política a la grave crisis que padece dicho país, mediante la realización de elecciones generales libres, justas y transparentes, con observación internacional.
- Renuevan su apoyo al Presidente Encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticamente electas, y destacan su voluntad por alcanzar una salida pacífica conducida por los propios venezolanos. Siguen comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con la comunidad internacional e instan a los demás países a unirse a los esfuerzos hacia ese objetivo.
- Expresan la disposición de adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela.
- Rechazan los crecientes vínculos del régimen de Nicolás Maduro con grupos armados al margen de la ley y al amparo que otorga a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, lo que representa una clara amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la región.
- Promueven, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos nacionales aplicables, la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Maduro involucrados en actividades de apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas, así como en actos de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y violaciones a los derechos humanos.
- Urgen al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a establecer un mecanismo independiente de seguimiento e investigación sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, documentadas en el último informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como el propuesto por los países del Grupo de Lima junto a otros miembros de la comunidad internacional.
- Rechazan la candidatura del régimen ilegítimo de Maduro a dicho Consejo, por ser absolutamente contraria a la tarea de protección y defensa de los derechos humanos que compete a ese organismo intergubernamental e instan a la Asamblea General de Naciones Unidas a no apoyar esa candidatura.
- Reiteran su profunda preocupación por la gravedad de la crisis humanitaria en Venezuela y por la dimensión del éxodo migratorio, más de 4.3 millones de personas según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que desborda las capacidades para su atención y subrayan la necesidad de incrementar el apoyo internacional, especialmente financiero para ayudar a la migración venezolana y a los países de acogida, para atender esta situación sin precedentes en la región.