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El presidente argentino, Alberto Fernández, ratificó su intención de expropiar la agroexportadora Vicentin, la cuarta del país, como la única “herramienta” para rescatar a la empresa que está al borde de la quiebra.
“La expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa, no hay otro modo”, declaró el mandatario al portal de noticias La García, un día después de recibir al presidente de Vicentin.
La exportadora de aceite y granos se declaró en cese de pagos y convocatoria a acreedores en diciembre.
El gobierno puso en marcha el miércoles la intervención administrativa de la empresa considerada estratégica, argumentando que busca evitar una quiebra que podría arrastrar a centenares de productores. En tanto, prepara un proyecto de ley de expropiación, una medida que para ejecutarse debe tener el visto bueno del Congreso.
“Yo les pedí (a los directivos de Vicentin) una alternativa. Lo que ellos proponen es que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación. Lo que pasa es que eso supone un acuerdo con empresarios que están muy salpicados. Y eso es muy poco transparente”, dijo el presidente.
Según Fernández, “ellos saben que no tienen aire y que solo el Estado puede socorrerlos”.
Vicentin acumula una deuda de US$ 1,300 millones con 2,638 acreedores, muchos de ellos cooperativas de productores agrícolas. También debe unos US$ 255 millones al estatal Banco Nación, entre otras deudas con entidades públicas y privadas.
Los créditos otorgados a Vicentin por el Banco Nación están bajo investigación judicial en una causa en la que se imputó a Sergio Nardelli, hasta ahora director de la empresa, y a Javier González Fraga, titular de la entidad bancaria durante el anterior gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Basterra, también dijo que "no hay otra alternativa más que la expropiación" pero agregó que "si se encuentra otro instrumento, de mejor aplicación y a menor costo, bienvenido sea".
Fernández recibió el jueves en la residencia oficial a Nardelli, con la presencia de Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, donde está emplazada la empresa.
Al término de la reunión, Perotti dijo que el presidente estaba dispuesto a “escuchar alternativas superadoras”, lo que algunos interpretaron como una marcha atrás a la decisión de expropiar.
El anuncio del proyecto de expropiación fue rechazado por empresarios y otros agroexportadores, que consideran que debería seguir su curso el proceso judicial de concurso de acreedores, y provocó protestas en Santa Fe y Buenos Aires, así como denuncias de la oposición.
