Únete al canal de GestiónLas aseguradoras de salud colombianas se dirigen a una crisis de financiamiento que amenaza su supervivencia después de que el Gobierno se negara a permitirles ingresos suficientes para cubrir los crecientes costos, según un grupo del sector.
A fines de diciembre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro publicó una resolución que establecía un aumento del 12.01% para 2024 en la llamada UPC, una fórmula que determina cuánto transfiere el Estado a las aseguradoras por usuario.
Esto es levemente más alto que la inflación, pero ACEMI, el grupo del sector que representa a las aseguradoras de salud privadas, dijo que era inadecuado dada la cantidad de nuevos servicios y tecnologías que estaban obligados a incluir en los planes de cobertura básica.
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“La UPC aprobada para 2024 es insuficiente, profundiza la crisis del sistema de salud y lo hace inviable financieramente”, afirmó ACEMI en un comunicado publicado el martes en X.
Petro espera ampliar el papel del Estado en el sistema de salud, con el objetivo de permitir que el Gobierno pague directamente a los proveedores de atención y a los profesionales médicos. La propuesta obtuvo la aprobación de la Cámara Baja en diciembre, pero aún enfrenta dos debates en el Senado en el primer semestre de 2024.
El Ministerio de Salud dijo en un comunicado que la mayoría de las aseguradoras no habían proporcionado toda la información con la que se calculan los aumentos de ingresos. El Ministerio no respondió a una solicitud adicional de comentarios.
Las aseguradoras de salud privadas se han quejado en reiteradas ocasiones de retrasos en los pagos del Gobierno, lo que, según dicen, ha contribuido a la acumulación de deudas. ACEMI dijo que era necesario un aumento de 6 o 7 puntos porcentuales por encima de la inflación para evitar que se acumulen las pérdidas.
El grupo estima que, a las aseguradoras, conocidas como Entidades Promotoras de Salud (EPS), se les debe alrededor de 9 billones de pesos en deuda acumulada desde el año pasado. Algunas de las mayores aseguradoras privadas han acusado al Gobierno de intentar matarlos de hambre financieramente.
