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La élite de México se estremece ante la aprobación por legisladores de izquierda de una nueva ley que convierte la evasión fiscal en un tipo de crimen organizado que podría justificar la incautación de activos incluso antes de que los jueces decidan sobre la validez de los cargos.
Legisladores de la Cámara Baja del país aprobaron el martes el proyecto de ley que convertiría el fraude fiscal de más de 7.8 millones de pesos (US$ 400,000) en una amenaza a la seguridad nacional y un tipo de crimen organizado que podría ser castigado con prisión sin libertad condicional durante el juicio y con hasta nueve años de cárcel.
La apuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, por combatir la evasión fiscal podría convertirse en la más reciente amenaza al crecimiento en la segunda economía más grande de América Latina, dijo el principal lobby empresarial de México.
“La confianza en la inversión ya es bastante baja en México”, dijo Ernesto Revilla, economista de Citigroup Inc. Esta ley podría “reducir la probabilidad de que la inversión aumente en los próximos meses”.
AMLO, como se le conoce al presidente, ganó una elección aplastante el año pasado con una campaña que culpaba a la corrupción entre ricos del país por no dejar avanzar a México. Frente a una política económica inestable, la inversión ha caído en picada y la economía se detuvo en el primer semestre del año.
La nueva ley tributaria se consolida con una reforma de principios de este año que aumenta el poder que tienen los fiscales para confiscar bienes relacionados con crimen organizado.
El senador Alejandro Armenta, coautor del proyecto de ley, dijo a Bloomberg News que tales preocupaciones fueron exageradas y que el gobierno solo tiene la intención de usar la ley para procesar a empresas fantasmas que acuñan recibos falsos utilizados por contribuyentes para reducir las obligaciones.
En su conferencia de prensa del 10 de octubre, AMLO dijo que había hablado con el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y otros líderes empresariales sobre esta legislación y les aseguró que solo se tratarían casos verdaderos de falsificación de recibos de impuestos.
‘Se necesita certidumbre’
En México, 8,000 empresas fantasmas han falsificado 9 millones de recibos tributarios que han llevado a la evasión de alrededor 400,000 millones de pesos, dijo Armenta. “Esta legislación apoya a las empresas porque existe una competencia ilegal de las empresas que utilizan estos recibos para introducir mercancías robadas” en la economía, dijo.
La evasión fiscal generalizada de los ricos y las corporaciones, así como la gran economía informal de los comerciantes ambulantes y las empresas no registradas, ha dejado a México con uno de los recaudos tributarios más bajos de América Latina.
El grupo empresarial mexicano CCE dijo que los legisladores ignoraron sus súplicas de que la nueva ley pudiera magnificar una desaceleración en la inversión de las empresas que ya se han visto afectadas por la incertidumbre sobre la política económica de AMLO.
“La falta de aclaraciones en este proyecto de ley generará un temor justificado en las compañías establecidas frente a actos arbitrarios por parte de las autoridades que ponen en peligro la integridad personal y los activos”, dijo CCE en un comunicado. “Para invertir, las personas y las empresas necesitan seguridad”.
La cancelación por parte de AMLO de un proyecto aeroportuario parcialmente construido por US$ 13,000 millones y su medida para bloquear nuevas inversiones privadas en energía han llevado a una contracción del gasto empresarial. La inversión fija bruta se ha reducido en siete de los últimos nueve meses hasta julio, cuando cayó 9.2%, la mayor cantidad desde la recesión del 2009.
Si bien fue acogida dado que era necesaria, la ofensiva contra la corrupción en el sector de la construcción en Ciudad de México ha enfriado la inversión en construcción en la capital. Se proyecta que la economía de México crecerá solo 0.5% este año, según estimaciones compiladas por Bloomberg.
Gabriel Calvillo, abogado de derecho penal que se especializa en clientes corporativos, dijo que hasta ahora no había habido un ejemplo claro de abusos procesales por parte de la administración de AMLO. Pero advirtió que las compañías necesitaban asegurarse de tener protocolos establecidos para distinguirse de las operaciones criminales.
“Estas son herramientas muy potentes”, dijo, refiriéndose a las reformas. “Pero son herramientas, desgraciadamente, que se necesitan para combatir los muchos crímenes que ocurren todos los días en nuestro país”.
