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La Comisión Federal de Comercio (CFC) de Estados Unidos comenzó a examinar documentos internos de Facebook donde la compañía reconoce los efectos dañinos sobre sus usuarios, según publica en exclusiva el diario The Wall Street Journal (WSJ).
La comisión, órgano de regulación gubernamental, cree saber que la compañía, según su propia investigación interna, asume tener constancia de que los algoritmos usados en sus cuentas “fomentan la discordia” entre usuarios y que la aplicación de Instagram (de la que Facebook es propietaria) es dañina para un número considerable de usuarios, principalmente adolescentes.
De confirmarse, eso significaría que Facebook violó deliberadamente un acuerdo del 2019 con la CFC que le costó una multa de US$ 5,000 millones por indebida protección a la intimidad.
La compañía ha emitido un comunicado en el que no confirma explícitamente estar siendo investigada pero dice “estar lista para responder a las preguntas de los reguladores y continuar cooperando con las pesquisas del Gobierno”, mientras que la CFC no se ha pronunciado oficialmente hasta el momento.
El senador Richard Blumenthal, que preside el subcomité de protección al consumidor en el Senado, dijo al diario que a la CFC le preocupa si Facebook retuvo a propósito información sobre su investigación interna, algo que de confirmarse -dijo- supone que “la CFC debería estar muy enfadada”.
Blumenthal asegura que él y la senadora Marsha Blackburn ya le preguntaron en agosto a Facebook sobre los efectos de su plataforma en los niños, pero que la plataforma “eludió” sus preguntas.
La compañía fundada por Mark Zuckerberg lleva varias semanas en el ojo del huracán después de que el WSJ desvelara en septiembre una serie de malas prácticas relacionadas sobre todo con la desprotección de sus usuarios menores de edad y con el tratamiento laxo que hace con los discursos de odio.
La presión se redobló después de que la fuente principal del WSJ, una exempleada de Facebook llamada Frances Haugen, compareciera ante un subcomité del Senado y declarara que la compañía antepone los beneficios comerciales a cualquier otra consideración sobre la seguridad de sus usuarios.
