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Cuando el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el nuevo acuerdo para ayudar a Estados Unidos a mantener a los migrantes venezolanos en el lado mexicano de la frontera, el primer número que aparecía en el comunicado de prensa decía relación con lo que él recibió a cambio: 65,000 visas adicionales para trabajadores temporales. De ellas, 25,000 estaban reservadas para personas de Centroamérica y Haití. Los mexicanos se quedarían con el resto.
Eso resume la disposición de México de aliviar la presión política que ejercen sobre la Administración de Biden cientos de miles de posibles migrantes que se concentran en la frontera suroeste: “Primero, dime qué me das a cambio”.
Si la amenaza de sanciones comerciales del expresidente Donald Trump intimidó a López Obrador, conocido como AMLO, para que contuviera a los centroamericanos que buscaban asilo en Estados Unidos —alojando a miles de ellos en localidades fronterizas y desplegando la Guardia Nacional para detener a más de ellos en su cruce por México—, la renuencia de Biden a interpretar el papel de malo lo coloca en una posición más débil. Debe proponer algo que valga la pena.
Esta estrategia quid pro quo presenta un problema, no solo para las relaciones más amplias entre Estados Unidos y México. Las descuidadas políticas de inmigración nacidas de este tipo de “trueques” le pasarán factura al Gobierno mexicano también. Y perjudicarán a cientos de miles de personas en toda América desplazadas de sus países por el cambio climático, el autoritarismo y el estancamiento económico, que buscan asilo y oportunidades en el norte.
Los extranjeros que cruzan México rumbo a Estados Unidos están muy abajo en la lista de prioridades políticas de AMLO. El tema no tiene la prominencia que tiene la inmigración en Estados Unidos, donde las historias sobre una sobrepasada frontera ayudaron a los republicanos en su probable victoria en la Cámara de Representantes. Para el presidente mexicano, no conlleva nada como los riesgos políticos y las oportunidades asociadas con los millones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos que, junto con sus amigos y familiares, constituyen una importante base electoral.
Teniendo poco que perder en el tema, López Obrador decidió seguir el ejemplo de la estrategia transaccional de Trump hacia la diplomacia y aprovechar el tema de los migrantes para abordar otros temas en su agenda.
Por ejemplo, la queja de Estados Unidos contra las políticas energéticas proteccionistas de AMLO. Washington tiene un sólido argumento, creen los expertos: la decisión de México de favorecer a sus empresas estatales de energía parece una violación directa del acuerdo T-MEC firmado por ambos países y Canadá en 2018. Sin mencionar que también impondrá mayores costos de energía a los consumidores y empresas de México.
Carla Hills, quien como representante comercial del Gobierno de George H.W. Bush negoció la mayor parte del TLCAN, predecesor del T-MEC, está bastante segura de que el Gobierno de Biden llevará a México a los tribunales. “Estados Unidos y Canadá no se quedarán con los brazos cruzados en esto”, dijo.
Y, sin embargo, hasta ahora, la Administración Biden no lo ha hecho. Observadores en ambos lados de la frontera señalan que esto no está desvinculado del control de AMLO sobre una válvula que regula la presión política que pesa sobre su colega en Washington.
Jorge Castañeda, excanciller mexicano y duro crítico del presidente mexicano, dice que, básicamente, Biden necesita que AMLO reciba a los venezolanos, y la única forma de hacerlo es dejándolo tranquilo.
Castañeda ha advertido que el dominio de la inmigración sobre la Administración de Biden está reprimiendo la política estadounidense hacia México, lo que lleva a Washington a hacer la vista gorda ante el autoritarismo y la militarización cada vez más profundos al sur de la frontera, situaciones que normalmente le preocuparían.
Pero, dado el aumento en el número de cubanos, haitianos, venezolanos, brasileños, colombianos, nicaragüenses e incluso indios que cruzan México, y que a menudo quedan atrapados allí tras no poder ingresar a Estados Unidos, el pacto fáustico sobre inmigración está destinado a permanecer bajo presión.
Los solicitantes de asilo enviados a México han sido abusados tanto por las autoridades como por grupos criminales. México no ha desarrollado la capacidad para integrar o, alternativamente, repatriar a la gran cantidad de venezolanos atrapados en su territorio sin poder ingresar a Estados Unidos. Los migrantes no tienen una oportunidad sostenible de permanecer en México, señala Ariel Ruiz, del Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos.
De hecho, el mal manejo de las decenas de miles de haitianos que llegaron a la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos en 2021 (o que México aceptó de Estados Unidos en otro acuerdo con la Administración Biden) puso de relieve la desgastada naturaleza de sus instituciones migratorias.
Es posible que muchos mexicanos simpaticen con los migrantes. A menudo tienen experiencia personal como trabajadores indocumentados en Estados Unidos, o tienen amigos y familiares que envían dinero desde el norte de la frontera. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en México los inmigrantes siguen siendo una rareza. Menos del 1% de su población nació en el extranjero.
Es poco probable que los mexicanos aprecien una migración que parece caótica y descontrolada. Cuando las caravanas de centroamericanos llegaron a Tijuana en 2018, no todos los habitantes los recibieron con los brazos abiertos. Muchos querían que se fueran a casa. Un cambio en el cálculo político de AMLO no sería sorpresivo si las presiones migratorias no disminuyen pronto. Según Ruiz, si hay venezolanos debajo de los puentes en Tijuana, o si personas en Matamoros comienzan a matar migrantes, la presión política aumentará.
Cuando los vientos políticos cambien —si es que cambian—, sería bueno que el Gobierno de Ciudad de México, al igual que el de Washington, tome mucho más en serio la dinámica migratoria y desarrolle una estrategia más reflexiva, una que ambos países, y quizás otros, como Canadá y Costa Rica, deberían desarrollar juntos.
Deben aplicarse algunos principios. Para empezar, no todos pueden o deben terminar en Estados Unidos. Un sistema regional más razonable con cuotas distribuidas por países ayudaría a aliviar la presión sobre todos. Se debería quitar la presión de las fronteras mediante la estandarización de los procedimientos de solicitud en los países de origen de los posibles migrantes y sus vecinos inmediatos. Y estos criterios de asilo transparentes y congruentes deberían reforzarse con caminos claros para la migración económica.
Es poco probable que incluso este sistema satisfaga la demanda cada vez mayor de refugio seguro y trabajo por parte de los migrantes en toda América. Pero será mejor que “canjear” a miles de venezolanos por una mala política energética.
Por Eduardo Porter