Únicamente un 36.3% de los habitantes en 2022 tenían confianza en sus gobiernos en Latinoamérica y el Caribe, una cifra en términos globales netamente inferior a la media de la OCDE, aunque con notables diferencias por países, y que más bien ha disminuido desde 2008.
Entre esos dos años, la confianza en los gobiernos ha disminuido en 3.9 puntos porcentuales en el conjunto de los 15 países considerados en el estudio de indicadores de gobernanza en Latinoamérica y el Caribe publicado este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La situación en la región es claramente peor que en la OCDE, donde el porcentaje de población que confía en su gobierno era del 47.5% en 2022, después de mejorar 3 puntos porcentuales desde 2008.
Pero esa situación y la evolución en realidad tiene poco qué ver entre unos y otros países latinoamericanos.
Por una parte, la confianza ha sufrido un notable bajón en los años considerados en el estudio en Colombia (34 puntos porcentuales, al 30%), Ecuador (30 puntos, al 21%), Chile (12 puntos al 39%) y Bolivia (11 puntos al 33%).
También ha caído, pero de forma mucho más moderada y a niveles más que honorables en Uruguay (7 puntos al 52%) y en la República Dominicana (2 puntos al 52%).
La evolución ha sido claramente positiva en Costa Rica, con 24 puntos porcentuales de mejora entre 2008 y 2022, cuando un 60% de los encuestados decían confiar en su Gobierno, la cifra más alta de todos los países de la muestra.
A continuación venía México, con un 53% de personas que tenían confianza, 12 puntos más que 14 años atrás. La corrupción es generalizada para el 75.5%.
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Uno de los elementos que pesa en esa confianza es la percepción de que la corrupción está generalizada en el gobierno, una idea que suscriben un 75.5% de los latinoamericanos consultados en 2023, una cifra que ha crecido ligeramente respecto a 2013 (74.7%) y sobre todo que es muy superior a la de la media de la OCDE (53.6%).
En todos los países de la región, esa percepción de una corrupción generalizada es mayoritaria, pero es particularmente elevada en Perú (90%), Panamá (86 %), Ecuador (84 %), Colombia (83%), Guatemala (80%), Argentina (80%) y Bolivia (80%).
Más allá del agravamiento de la confianza, los autores del informe señalan varios retos que tienen planteadas las democracias latinoamericanas, en particular la desigualdad, la informalidad o el “espacio fiscal limitado” para afrontar problemas apremiantes como el cambio climático u otras cuestiones medioambientales.
Por lo que respecta a la desigualdad, hacen notar que ha ido a más con la espiral inflacionista durante los años 2022 y 2023, que ha afectado a los grupos que están en la parte baja de la escala social probablemente porque el aumento de precios afectó a elementos básicos como los alimentos y la energía, que constituyen una mayor parte del gasto de los más pobres.
En conjunto, las tasas de pobreza en 2022 estaban por encima de los niveles anteriores a la pandemia, con un 32% de pobres en la región y un 13.1% en pobreza extrema.
Antes del repunte inflacionista de los dos últimos años, la desigualdad medida con el índice de Gini en una escala de 0 a 100 había disminuido en Latinoamérica a 44.6 puntos, cuando en 2008 el indicador estaba en 48.1. En cualquier caso, era muy superior a la de la media de la OCDE, de 33.2 puntos en 2021.
Los responsables del estudio hacen notar que la región ha progresado en varias áreas, por ejemplo, al establecer mecanismos participativos y normas de integridad pública y abordar las brechas de género en la administración pública.
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