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Por Diario Financiero de Chile - RIPE
Ante las múltiples críticas, incluso de sectores de la propia oposición no dudaron en calificar de populista la iniciativa, los senadores patrocinantes de la propuesta que nacionaliza los fondos de pensiones, eliminando las AFP; le introdujeron un cambio a la moción transformando el proyecto de ley en reforma constitucional, a fin de sortear el obstáculo de inadmisibilidad que tendría la moción original.
De esta manera, se presenta una reforma constitucional, que modifica facultades del Presidente de la República, del Congreso Nacional y agrega un capítulo XVI sobre un nuevo sistema de pensiones y derogando el decreto ley 3.500 de 1980, nacionaliza los fondos de pensiones.
De la iniciativa se dio cuenta al inicio de la sesión del Senado esta mañana y el proyecto pasó a la Comisión de Constitución, encabezada por el senador Alfonso de Urresti (uno de los suscriptores de la iniciativa), donde iniciará su trámite cuando sea puesta en tabla.
Tal como lo hacía el proyecto de ley, la reforma traspasa las funciones de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y la superintendencia de pensiones al Instituto de Seguridad Social de Chile, “a objeto de proteger la propiedad de los trabajadores, hacer uso racional de los fondos de pensiones, que garanticen la gobernanza tripartita de éstos, se otorguen pensiones suficientes y de beneficios definidos, conforme a los estándares internacionales y normas de la organización internacional del trabajo”.
En lo grueso, la iniciativa contempla los mismo cambios que la original para dar forma a un nuevo sistema de pensiones, como la creación del Sistema de Pensiones Solidarias –que contempla la Pensión Básica Universal (equivalente al salario mínimo garantizado), de vejez, invalidez y de sobrevivencia- que será financiado por el trabajador, empleador y el Estado.
Y crea la institucionalidad que se hará cargo de la administración, el Instituto de Seguridad Social de Chile, organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Los senadores patrocinantes son Ximena Órdenes (PPD), Yasna Provoste (DC), Alejandro Navarro (PRO), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alfonso de Urresti (PS) y lo que buscan con la modificación es sortear el problema de inadmisibilidad que muchos de sus pares y el gobierno denunciaron en el proyecto original.
