Un alto funcionario del gobierno Trump indicó ante un grupo de acreedores de Venezuela la semana pasada que las restricciones al comercio de la deuda de la nación probablemente no se levantarán hasta que el ilegítimo presidente Nicolás Maduro esté fuera del poder.
Mauricio Claver-Carone, director principal del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo en un evento en Nueva York que los titulares de bonos conocían los riesgos cuando los compraron y que no compete a la Casa Blanca garantizar inversiones, según tres personas que asistieron y solicitaron anonimato porque la reunión fue privada.
Acreedores asesorados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Guggenheim Securities han solicitado al gobierno Trump durante meses que anule las medidas que impiden que personas o entidades estadounidenses compren bonos venezolanos en el mercado secundario. Existe una preocupación: a medida que JPMorgan Chase & Co. reduce el peso de la nación en sus índices de bonos de referencia a cero, algunos inversionistas estadounidenses se verán obligados a descargar la deuda. Titulares de bonos dicen que terminará siendo propiedad de fondos de cobertura extranjeros que tienen más probabilidades de ser litigiosos en las reestructuraciones de bonos, inmovilizando miles de millones de dólares que podrían usarse para reiniciar la economía.
Claver-Carone, influyente funcionario sobre Venezuela, dijo al grupo que el gobierno de EE.UU. carece de evidencia para respaldar el argumento de los críticos de la prohibición de que expertos del régimen de Rusia, China y Maduro podrían beneficiarse de las sanciones a través de la compra de deuda venezolana a precios muy bajos. Nadie ofreció pruebas de dicha revelación. Habló en un evento el miércoles pasado organizado por Barclays Plc mientras asistía a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El funcionario estadounidense dijo a inversionistas que esperaba que Maduro saliera pronto del poder, aunque reconoció que una transición política se podría haber dado antes si EE.UU. hubiera sido más agresivo con sus sanciones en los meses previos a que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, autoproclamara su presidencia del país en enero.
Danielle Popper, portavoz de Barclays, declinó hacer comentarios. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional no emitió comentarios inmediatos.
El lunes, Maduro solicitó nuevas negociaciones con inversionistas extranjeros sobre un aproximado de US$ 60,000 millones de deuda en mora. Comentó que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, ambos sancionados por EE.UU., dirigirán las conversaciones con titulares de bonos. Sin embargo, los inversionistas se han mostrado recelosos frente a negociaciones con dos funcionarios sancionados.