Las calcomanías con el lema “#ElBuenoEsHarfuch” siguen adornando las ventanillas de los autos en Ciudad de México. El eslogan data de la candidatura de Omar García Harfuch a la jefatura de gobierno en 2023.
Durante su mandato de cuatro años como titular de la secretaría de seguridad ciudadana bajo el mando de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la tasa de homicidios se redujo alrededor de un 40%, uno de los mayores descensos del país. Esto hizo que adquiriera una gran popularidad. Fue nominado de forma aplastante para convertirse en el candidato del partido Morena para la jefatura de gobierno, pero se hizo a un lado a favor de la candidata femenina para que se pudiera cumplir con la cuota de género.
En vez de eso, siguió a Sheinbaum al Palacio Nacional en octubre de 2024 como su secretario de seguridad, con el fin de aplicar un enfoque basado en la inteligencia para hacer frente a las bandas de narcotraficantes de México a escala nacional. Muchos mexicanos creen que es la mejor esperanza para frenar la violencia que azota al país desde hace años.
Los primeros indicios apuntan a que tienen razón. El gobierno de Sheinbaum afirma que la tasa de homicidios en México ha descendido un 32 por ciento en el año transcurrido desde que llegó a la presidencia. El análisis de The Economist confirma que la tasa ha caído, aunque por un margen significativamente menor, un 14%.
El recuento de homicidios por sí solo pasa por alto una parte importante del panorama, a saber, los miles de personas que desaparecen en México cada año, muchas de las cuales son asesinadas y enterradas en fosas no identificadas. Una visión más amplia de los delitos mortales, que incluye el homicidio, el feminicidio y dos tercios de las desapariciones (cuyos datos son poco fiables), muestra un descenso más modesto del 6%. Aun así, México está por registrar unos 24,300 asesinatos este año, una cifra terriblemente alta, pero muy inferior a la media anual reciente, ligeramente superior a 30,000.
Omar García Harfuch, uno de los funcionarios estrella del Gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.
Sheinbaum es la primera dirigente mexicana en años que cambia la tendencia de los delitos violentos en la dirección correcta. ¿Cómo lo han conseguido ella y Harfuch? Aunque Sheinbaum ha mantenido la retórica de su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, sobre la lucha contra la pobreza como causa fundamental de la delincuencia y la violencia, su política ha tomado un rumbo diferente, empezando por su equipo de seguridad.
El personal de Harfuch se basa abiertamente en los datos. Sheinbaum le ha otorgado nuevos y amplios poderes en materia de coordinación e inteligencia. Sus aliados han sido puestos al frente de instituciones clave, incluida la unidad de inteligencia financiera que rastrea el dinero ilícito.
El compromiso de Harfuch con la causa es incuestionable: en 2020 sobrevivió a un intento de asesinato en el que hombres armados dispararon más de 400 balas contra su convoy y asesinaron a dos de sus guardaespaldas. Las detenciones están en niveles récord y, como señala un analista de seguridad, Eduardo Guerrero, son “más inteligentes”.
Harfuch se centra en los mafiosos más violentos, en lugar de los capos, así como en los implicados en actividades logísticas como el blanqueo de dinero. Las incautaciones de armas de fuego también son más del doble que antes. Zacatecas, en otra época el estado más violento de México, es un ejemplo esperanzador de lo que se puede conseguir (los gobiernos estatal y federal comparten la responsabilidad de la seguridad pública).
La tasa de homicidios ha ido disminuyendo desde que una guerra territorial por una ruta de migrantes y drogas alcanzó su punto álgido en 2021, pero en el último año se ha reducido más que en ningún otro estado. Zacatecas ha estado depurando a los agentes corruptos, contratando a otros nuevos de otras partes de México que tienen menos miedo de que las bandas vayan por sus familias. Ha creado dos unidades de fuerzas especiales y ha impuesto un mando unificado en sus municipios más violentos. La confianza ha aumentado.
Ginés Jaime Ruiz García, subsecretario de seguridad del estado, afirma que los ciudadanos han vuelto a denunciar los delitos. La ayuda federal y un mayor intercambio de inteligencia bajo el mando de Harfuch han sido cruciales, afirmó Rodrigo Reyes, jefe de gabinete del gobernador del estado.
Pero hay que ir a Culiacán, en Sinaloa, para ver los límites incluso del enfoque más lúcido. Desde finales de 2024 se libra una guerra interna en el seno de la banda de narcotraficantes de Sinaloa. Los más de 11,000 soldados federales apostados en todo el estado han sido incapaces de detener la violencia. La tasa de asesinatos se ha triplicado desde que comenzó el conflicto. Incluso con convoyes blindados y drones de visión nocturna, lo único que consiguen las fuerzas de seguridad de Sinaloa es asegurar las carreteras y las infraestructuras clave. No han conseguido arrebatar el control del estado a los criminales.
Sinaloa ilustra los enormes obstáculos heredados a Sheinbaum. El grupo criminal que controla el estado es extenso, rico y arraigado; la banda de narcotraficantes de Jalisco está igualmente bien establecida a nivel nacional. Aproximadamente dos tercios de los asesinatos en México están relacionados con el crimen organizado, según Guerrero.
La extorsión va en aumento. Estados como Michoacán, Guerrero y México están plagados de grupos criminales. Por el contrario, la policía local suele ser débil o inexistente: alrededor de 400 de los 2,469 municipios mexicanos carecen por completo de una fuerza local. La Guardia Nacional que López Obrador creó para sustituir a la policía federal está controlada por el ejército. El nuevo cuerpo de policía federal de Harfuch solo ha reclutado hasta ahora a 1,500 agentes.
“No hay duda de que está haciendo todo lo que puede dentro de los límites, pero son los soldados quienes llevan a cabo la política de seguridad de México”, afirmó Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia, un grupo de expertos de Ciudad de México.
El gobierno ha instado a los estados a acordar que emplearán un 25% más de policías para 2029 y un 30% más de fiscales. Sinaloa también expone los problemas de la propia Sheinbaum. Ha asignado menos del 1% del presupuesto de 2026 a la secretaría de seguridad, cuyo financiamiento se reducirá aproximadamente un 18 por ciento desde 2025. Esto plantea dudas sobre la seriedad del gobierno, dice Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, otro centro de estudios en la Ciudad de México. Zacatecas ha aumentado el sueldo de la policía a 16,000 pesos (US$ 870 dólares) al mes.
En otros lugares, los agentes municipales siguen ganando apenas un tercio de esa cantidad, lo que facilita la corrupción de las bandas criminales. La complicidad política también perdura. Sheinbaum persiguió hace poco a una banda de ladrones de combustible que operaba bajo protección militar. Catorce personas, entre ellas un vicealmirante, han sido detenidas.
Agentes de la Policía Estatal patrullan durante un operativo contra el crimen organizado en el campo agrícola San Pedro en el municipio de Navolato, estado de Sinaloa, México, el 25 de julio de 2025. (Foto de Marcos Vizcarra / AFP)
Sin embargo, no ha hecho nada públicamente para investigar a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a pesar de las creíbles acusaciones de que tiene vínculos con las bandas (que él niega). Donald Trump ha calificado de “intolerables” los vínculos de políticos mexicanos con bandas criminales. También ha calificado a las principales bandas de entidades terroristas para justificar una acción militar.
El 3 de noviembre, NBC News informó que Estados Unidos está elaborando planes para llevar a cabo operaciones en México contra los líderes de las bandas. Ese tipo de bravuconería genera tensiones, pero también podría darle a Sheinbaum margen para actuar con audacia.
Ningún tipo de aplomo reconstruirá las instituciones huecas de seguridad en México ni acabará con el control de las bandas durante el único mandato de seis años que la Constitución concede a Sheinbaum. El éxito más rotundo corresponderá a su sucesor. Harfuch niega tener ambiciones presidenciales, pero cuenta con el apoyo popular. Su índice de aprobación roza ya el 70 por ciento. Si puede seguir combatiendo la violencia que azota México, esas calcomanías podrían llegar a ser suyas en 2029.
