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La celeridad con la que se otorgan permisos en minería es siempre señalada como un punto neurálgico para la inversión en el sector. Sin embargo, poco se sabe respecto a su efecto real en el desarrollo económico del Perú, lo que incluye al PBI, la recaudación fiscal y la generación de empleo.
Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dimensiona por fin este impacto. De los 46 proyectos mineros actualmente en cartera según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), hay 23 que se encuentran retrasados por razones externas a la empresa.
En dicho retraso, precisa el estudio, la tramitología minera tiene un rol crucial. La espera de contar con todos los permisos aprobados puede superar el doble del plazo fijado en la ley. ¿De qué se compone su impacto directo y qué trabaja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mejorar este indicador? Gestión te lo cuenta.
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La regulación minera, precisa el IPE, es bastante compleja. A través de sus cinco etapas, un proyecto en el sector debe enfrentar 232 procesos administrativos, donde 100 de este total involucran a 19 entidades púbicas, entre las que resaltan la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
Pasar por todo este proceso puede alargar la puesta en marcha de un proyecto hasta en más del doble del tiempo fijado en la ley. “A través de entrevistas a mineras vimos que el plazo efectivo puede ser hasta cinco veces el plazo legal, sobre todo en el caso de los instrumentos de gestión ambiental y consulta previa”, señaló Carlos Gallardo, gerente general de IPE, sobre la metodología de su estudio.
A partir de ese dato –sumado al análisis de los 23 proyectos retrasados de la cartera minera actual– el IPE diseñó un proyecto modelo de mina de cobre en el que se invierte cuatro años y posterior a ese periodo inicia producción.
De esta manera, calcula el IPE sobre la base de su proyecto modelo, un retraso en esta dinámica podría generar pérdidas de S/ 12,044 millones del PBI en esos cuatro años de arranque y S/ 2,064 millones en ingresos fiscales en dicho periodo. Además, se pierden 8,500 empleos por año durante la etapa de inversión y 7,400 empleos por año desde el inicio de producción (ver gráfico).
Gallardo explicó que la mejor muestra de cómo la tramitología golpea la minería es el retroceso de Perú en los indicadores de atractivo para inversión minera y de percepción de políticas del Instituto Fraser.
En el primero, Perú tenía un puntaje de 81.6 sobre 100 como terreno de interés minero para invertir en 2018. En el último reporte, del año pasado, cayó a 60.7. De igual forma, la percepción positiva de las políticas públicas peruanas fue de 33.8 en 2022, ubicándose por debajo del promedio de la región: 66.3.
“Es lo que nos cuesta como país. A partir de ello es que vemos cómo aumentan los permisos y se alarga su tiempo de entrega, lo que afecta el atractivo de Perú como espacio de inversión minera”, comentó el vocero del IPE.
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El IPE estima que las pérdidas por la no ejecución de proyectos costaron al PBI casi S/ 700 mil millones, redujeron la recaudación en S/ 123 mil millones y evitaron la creación de 666,000 empleos anuales entre las fases de producción e inversión, entre los años 2008 y 2022.
¿Mejoras en 2024?
A raíz de estos resultados, el viceministro de Economía, Juan Pichihua, detalló lo que su cartera viene trabajando para acelerar la entrega de permisos mineros.
“El equipo viene trabajando en un rediseño de la estrategia para ayudar al destrabe de los proyectos. Si hay retrasos, no hay consecuencias en el sector público, a diferencia del privado. Estamos siguiendo proyecto por proyecto para establecer mecanismos de reacción”, precisó el funcionario.
En ese sentido, Pichihua dijo que el presupuesto asignado por el MEF para el 2024 a las siete principales entidades deliberantes en la entrega de permisos mineros, entre ellas Senace, ANA y Serfor, supera los S/ 600 millones de soles.
“El objetivo es que puedan fortalecer sus equipos de gestión. Las opiniones de las entidades están desalineadas para emitir informes y autorizaciones, para mejorarlo se necesita un mecanismo de incentivos oportuno. El próximo año ya debería notarse una mejora y que los procedimientos sean claros”, precisó.
Al respecto, Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores, no ve mal el camino adoptado por el MEF, pero cree que el Gobierno podría revisar también la autonomía con la que los gobiernos regionales y locales usan los recursos del canon minero.
“Hay una percepción en la gente de que la minería beneficia a pocos. Una razón concreta es que el dinero del canon se usa en las grandes ciudades y no en las comunidades colindantes. En Apurímac, por ejemplo, se gasta en Andahuaylas y no en Cotabambas, donde está Las Bambas”, precisó.
Gallardo, por su lado, cree que el MEF debería retomar el proyecto de la Ventanilla Única Digital Minero Energética (VUDME) que espera su consolidación desde el 2019, según el Plan Nacional de Competitividad y Productividad al 2030.
“Si bien no funcionará sin fortalecer primero las instituciones, se discute hace tiempo y no hay avances. La VUCE de comercio exterior existe desde el 2010, debe consolidarse la minera”, cuestionó.
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