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Desde hace 15 días las operaciones de la unidad minera de Cuajone está parada, según informó Southern Perú Copper Corporation (SPCC), tras una exigencia de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala en Moquegua que ha pedido que se le pague US$ 5,000 millones y el 5% de la utilidad bruta anual.
Según la Defensoría del Pueblo, la comunidad campesina Tumilaca, Pocota, Coscore y Tala, demanda una compensación económica y el pago anual por el uso de sus tierras como botaderos por parte de la minera SPCC. La comunidad campesina señala que los botaderos afectan el medio ambiente y fueron instalados en su territorio sin el permiso de la comunidad.
Dicho pedido fue formulado desde el 12 de febrero pasado, cuya solicitud ha sido considerada exagerada por la compañía minera y ha llevado a una posición polarizada con la comunidad campesina.
Así, el 28 de febrero, la comunidad habría cerrado las válvulas que abastecen de agua al campamento minero Cuajone desde el reservorio Laguna Blanca.
Este punto ha llevado incluso al sindicato de trabajadores de SPCC a indicar que esta situación les afecta a “más de 5 mil personas en medio de esta terrible pandemia”.
Un reclamo que empezó el año pasado
La comunidad campesina sostiene que el uso de la tierra que consideran de su propiedad, se ha dado desde los años 50, cuando inició SPCC en Moquegua, por ello piden el pago por los años de uso.
Este es un proceso, que según detalla Zenón Cuevas, gobernador de Moquegua, se inició a mediados del año pasado, pero que recién es reportado por la Defensoría del Pueblo este año como un caso nuevo.
Por su parte la empresa minera SPCC indica que cuenta con todos los derechos superficiales vigentes sobre los terrenos que ocupa en la zona, y precisa que está acreditado mediante diversas constancias administrativas otorgadas por el Estado peruano y resoluciones judiciales resueltas a lo largo de varias décadas.
A ello, se suma que el gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas, pide que las autoridades apoyen a los comuneros y dice que toda consecuencia será responsabilidad de Southern, según comentó a Radio Americana.
Una posición distante que tiene con la empresa minera, debido a que en octubre del año pasado el Gobernador exigió que Southern ya no arroje sus desmontes en la cuenca del río Torata (en Moquegua) y que presente un plan de remediación.
Consultado por gestion.pe, el gobernador sostiene que hay una posición dura de la empresa frente al conflicto, recogiendo el pedido de las comunidades de cambiar el interlocutor por parte de la empresa.
De la misma manera, indica que ya se han agotado las conversaciones con los funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que desde la semana pasada llegó a Lima y se reunió con el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Jesús Quispe, dando a conocer la situación de la zona, y pidiendo la intervención del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y de los ministro de Energía y Minas, de Ambiente y de Desarrollo Agrario.
Mencionó que, hasta el momento no ha tenido respuesta concreta de la PCM y espera que en los próximos días se pueda lograr la llegada de la mesa de diálogo de Alto Nivel.
El problema no solo se ha dado en el acceso al agua, sino que el 22 de febrero, tras 12 días de protesta y 4 días de bloqueo de las vías del tren a Cuajone, un representante de la Comunidad Campesina Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, exhortó a SPCC a no continuar con el uso de las 3,900 hectáreas, señalando que estas áreas fueron invadidas por la empresa minera hace 50 años, según recoge la Defensoría del Pueblo.
Pérdidas por cobre y recaudación
Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) dijo a Gestión, que ya con los 15 días de bloqueo a Cuajone, el país ha perdido S/ 127 millones.
A ello se suman los problemas constantes de bloqueos de Las Bambas que juntos representan el 20% de la producción de cobre.
“Con ambas unidades mineras (Cuajone y Las Bambas) estamos hablando de casi la quinta parte de la extracción nacional de cobre (que está hoy afectada), por lo que esperamos que esto (los conflictos) se arreglen antes que se afecte la producción”, anotó Jacobs.
SPCC detalló, al respecto, que por esta situación arrojan pérdidas a razón de US$ 4.8 millones diarios en exportaciones perdidas, así como S/ 2.3 millones de canon y regalías (dejados de percibir) para la región Moquegua, y S/ 6.2 millones en Impuesto a la Renta (no recaudados).