Hoy empezó el debate del proyecto de presupuesto público 2024 en el pleno del Congreso de la República del Perú. “El presupuesto para el año 2024 ascenderá a S/ 241,000 millones, vale decir, 12% más que el año 2023 (...) este crecimiento es el más alto de los últimos años con más de S/ 26,000 millones adicionales″, recordó el primer ministro Alberto Otárola durante su exposición en el Parlamento.
El premier agregó que gran parte de los recursos adicionales propuestos para el presupuesto públicos se reflejan en el incremento de 20% de los recursos para los gobiernos regionales, con más de S/ 8,500 millones adicionales; e incremento del 17% del presupuesto de los gobiernos locales, con más de S/ 4,900 millones adicionales.
La participación de los gobiernos subnacionales se ha incrementado en los últimos años. “El 36% del presupuesto 2024 se concentra en los gobiernos locales y regionales (...) es más, la participación de los gobiernos subnacionales concentra el 56% del presupuesto ‘descentralizable’ para el 2024”, destacó.
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Las prioridades para el Gobierno, dijo Otárola, son: impulso para la salud, primera infancia, educación superior reforzada e inversión, incremento de cobertura de programas sociales, nuevas medidas de alivio a la pobreza, mejora en el acceso al agua y alcantarillado, conectividad a nivel nacional, lucha contra la criminalidad organizada, respuesta organizada frente a los desastres naturales, vivienda social, mejora de servicios municipales y crecimiento económico.
Por ejemplo, para agua, saneamiento y alcantarillado se ha propuesto en el proyecto de ley S/ 6,402 millones (7%) para el 2024. Para educación, se ha planteado S/ 46,506 millones (11%); para salud son S/ 29,474 millones (10%); para protección social son S/ 9,307 millones (19%); para orden interno y seguridad son S/ 16,213 millones (13%); para la atención de la emergencia son S/ 2,444 millones (18%).
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Agregó que para la primera infancia son S/ 608 millones; para conectividad a nivel nacional son S/ 2.5 millones (construcción de puentes, nueva Carretera Central y línea 2 del metro de Lima); para vivienda social son S/ 1.2 millones apuntando a bono familiar habitacional y adquisición de vivienda nueva; y para crecimiento económico son S/ 1.2 millones con enfoque en cadenas productivas de café, cacao, así como estándares de comercio y gestión sanitaria.
En otro momento, el premier dijo que se advirtió que el dictamen aprobado en la comisión de Presupuesto contiene algunas medidas muy puntuales “que podrían distorsionar los objetivos y prioridades antes señalados”.
“Es mi responsabilidad constitucional advertir ante el pleno que esto podría generar algunos riesgos mitigables, además de recursos insuficientes para cubrir estas medidas”, destacó.
Medidas que generan riesgos
Otárola habló sobre las disposiciones complementarias y finales N° 66 y 67, “en las que se da financiamiento a dos proyectos de inversión de solo dos municipios sin que tenga un análisis técnico previo ni responda a los parámetros de transparencia” que se trabajó.
Además, dijo, mediante las disposiciones complementarias y finales N° 69 y 70 se crean “nuevas unidades ejecutoras sin tomar en cuenta la suficiencia de recursos, los criterios de modernización y desarrollo organizacional del Estado”.
El primer también cuestionó que “las flexibilidades que se otorgarían en la N° 71 disposición complementaria podrían generar una brecha en la forma de trabajar de todo el Estado y se estaría desvirtuando el uso de los recursos de inversión pública”.