El directorio transitorio de Petroperú se pronunció. Mencionó que se ha cumplido con aprobar acciones del plan de reestructuración propuesto por la consultora Arthur D. Little/Columbus (ADL/C), así como otras medidas urgentes de austeridad, disciplina y calidad en el gasto y de ingresos de personal.
Como parte del diagnóstico que hicieron sobre la empresa, y que se presentó al Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los accionistas y a la presidenta de la República, Dina Boluarte, se concluye que los supuestos sobre los que se basó ADL/C para proponer la reestructuración ya no son aplicables, pues el escenario cambió.
“En el mencionado diagnóstico, hacíamos notar al Gobierno que el informe ADL/C, sobre el cual se ha venido basando la reestructuración de la empresa, toma como supuesto fundamental que el Estado peruano iba a continuar apoyando financieramente y de forma ilimitada a Petroperú. De hecho, el último financiamiento otorgado a principios de este año fue otorgado bajo las recomendaciones del informe de ADL/C”, se destaca.
Las proyecciones de dicho informe se han dado, refiere el directorio transitorio, bajo una serie de supuestos financieros y técnicos que no se han aplicado, como, por ejemplo, que la Nueva Refinería Talara (NRT) iba a estar operativa desde el año 2024. “Hoy, las proyecciones tienen serios desvíos, trayendo como resultado que las condiciones financieras de la empresa son extremadamente graves”, apunta.
El directorio ha subrayado a lo largo de su comunicado que pedir más recursos o financiamiento al Estado no está en sus planes.
Paso a la gestión privada
“Las condiciones financieras de la empresa requieren espaldas financieras anchas provenientes de su accionista, que en el caso de Petroperú es el Estado peruano, es decir, con los recursos de todos los peruanos. Los últimos cálculos indican que se requiere de US$ 2,200 millones adicionales”, destacan.
En las actuales circunstancias de un Petroperú con gobernanza y gestión empresarial expuesta a los usuales apetitos políticos, dice el directorio, “sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado”, ya que nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos.
“Dicho lo anterior, este directorio considera que una gestión privada en la gestión de la empresa es la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera”, recomienda.
Agrega que: “Hemos planteado nuestro pedido de autonomía en la gestión privada de Petroperú ante la Junta General de Accionistas, así como ante el Gobierno y estamos a la espera de una definición que, en caso sea afirmativa, nos permitirá continuar con una gestión que creemos puede y debe ser cumplida en beneficio del Perú”.
“Saludo la transparencia del directorio de Petroperú al señalar la magnitud del ‘hueco’ y recursos adicionales que se requieren de parte del Estado. Es importante que ellos reconozcan que sería poco serio pedirlo sin un cambio sustancial en la manera que se gestiona Petroperú. Ese cambio sustancial es que la gestión la realice el sector privado”, mencionó Carlos Paredes, expresidente de la petrolera estatal.
Paredes agrega: “La salida es entregarle la gestión de la empresa al sector privado, no dice la propiedad, habla de la gestión”.
Fuentes allegadas a la empresa comentaron a Gestión que actualmente Petroperú puede incorporar capital privado en un 49%, pero mencionan que se entendería que, dada la situación de la petrolera estatal, se apunta a que la parte privada sea mayoría.
Consideraciones
¿Qué es lo que se ve en Petroperú realmente? El directorio refiere que la petrolera estatal opera con limitado crecimiento de ingresos y baja rentabilidad como lo demuestran las cifras de ventas y pérdidas proyectadas al 2024, de respectivamente US $ 3,977 millones (30% menos que el 2022) y - US $ 716 millones (164% mayor que 2022). “El ebitda proyectado para 2024 es de US$ 135 millones, insuficiente para cubrir cualquier pago de deuda”, detalla.
Además, tiene una pérdida de su posición competitiva habiendo cedido cuota de mercado de 51% a 25%; y acusa un serio deterioro de la posición de liquidez, capital de trabajo, solvencia (pasivo/patrimonio) e indicadores de rentabilidad (ROA/ROE).
Para el directorio también adolece de un alto grado de inestabilidad en la dirección y la gobernanza.
Lo mencionado, comenta el directorio, ha sido ocasionado por factores como las demoras, “casi siempre debidas a causas exógenas y/o políticas, a las de una eficiente gestión y causantes de un fuerte endeudamiento para la construcción de la NRT, que casi triplicó su costo en el tiempo”.
A esto se suma, señalan, un largo proceso de arranque y estabilización no concluido de la NRT, causante a su vez de un nuevo impacto negativo financiero para el año 2024. “La incertidumbre del proceso de estabilización de la refinería genera serias vulnerabilidades futuras a las finanzas, lo que llevaría al Estado a seguir capitalizándola”, anota.
Una estructura organizacional operativa “anquilosada, poco ágil y sobredimensionada”, derivada también de las fallas de origen de un manejo público, no privado en la gestión de la empresa; Las debilidades en el modelo de gestión de riesgos, es decir baja o nula transparencia; y a las “las inherentes debilidades en el modelo de gobernanza que llevaron a Petroperú a no tener encaminada la auditoría contable 2023 (ahora a ser presentada por PwC el 31.05.24) ni nombrada a la empresa auditora para el año 2025″.
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