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Únete al canal de GestiónLas reservas minerales que se esconden en la espesa selva de la Amazonía brasileña han entrado en el radar del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien está dispuesto a legalizar la minería artesanal para llevar el “progreso” a los territorios indígenas del país, a pesar de las críticas de la comunidad internacional.
Cuarenta años después de “Serra Pelada”, como se conoce la que un día fue la mayor mina a cielo abierto del mundo, la fiebre del oro continúa cercando la Amazonía, donde la minería persiste a pesar de décadas de lucha contra el extractivismo sin normas.
Según datos recogidos por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) y divulgados en diciembre de 2018, Brasil cuenta con 321 puntos de minería ilegal distribuidos en 132 áreas, la mayoría de ellas concentradas en los márgenes del río amazónico Tapajós.
Indígenas y grupos ambientales han denunciado en los últimos meses un fuerte avance de los garimpeiros (buscadores de oro) en la tierra Yanomami, la mayor reserva de los pueblos ancestrales de Brasil, que cuenta con 9.6 millones de hectáreas repartidas entre los estados amazónicos de Roraima y Amazonas (norte del país).
Se calcula que allí ha llegado a haber en los últimos meses hasta 20,000 garimpeiros ilegales, casi seis veces más que hace un año, según explicó a Efe un activista medioambiental que trabaja en la región y que prefiere no identificarse por miedo a represalias.
A su juicio, la minería ilegal ha crecido en medio de la crisis económica que todavía se siente en Brasil, la reducción de la fiscalización en la región y el discurso del presidente Bolsonaro, que ha alentado a los garimpeiros.
Desde la campaña electoral, el ultraderechista ha reiterado su intención de revisar todas las demarcaciones indígenas que pueda al considerarlas un obstáculo para el crecimiento económico y ha subrayado su voluntad de legalizar la minería artesanal en esas tierras protegidas.
“Yo quiero que el indio, si quiere explotar minería en su tierra, lo haga, porque hay diamantes y oro en las reservas. Y si el indio quiere plantar en su tierra, que lo haga, porque muchos de los ‘defensores’ de los indios los quieren ver sin hacer nada y como seres prehistóricos”, dijo recientemente Bolsonaro.
El 86 % de los brasileños, sin embargo, se opone a la entrada de empresas mineras para la explotación de tierras indígenas -está expresamente prohibido por ley-, de acuerdo con un sondeo divulgado este mes por el instituto Datafolha, contratado por la ONG Instituto Socioambiental (ISA).
La actividad actualmente es ilegal, pero el líder ultraderechista tiene intención de regularizarla para ofrecer “dignidad” a los trabajadores y proveerles de información para que “preserven el medioambiente”.
La Constitución brasileña establece que la minería en los territorios indígenas solo puede llevarse a cabo previa aprobación de una ley por parte del Congreso Nacional.
Además, la convención 169 de la Organización Internacional del Trabaj (OIT), que rige como ley en Brasil desde 2004, establece que los pueblos indígenas deben ser consultados en todas las etapas sobre cualquier proyecto minero “para determinar si sus intereses se verían perjudicados”.
La invasión de garimpeiros en las tierras Yanomami -la mayor desde 1992- ha dejado un rastro de contaminación en los ríos, manchados ahora por el mercurio, y ha aumentado la sedimentación en el lecho, provocando la destrucción de la selva, según denuncia la ong ISA.
La presencia de la minería ilegal también es sinónimo de violencia y prostitución y esconde un riesgo “inminente”: el contacto con indios aislados.
Bolsonaro, sin embargo, considera que los indígenas están siendo manipulados por las organizaciones no gubernamentales y asegura que los pueblos originarios no “están dispuestos a que el Estado cuide de sus vidas”
