En noviembre del 2022, el Congreso de la República publicó la Ley 31622, que modificó artículos del Código Penal para “reforzar la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales”.
En detalle, la norma dispuso que quienes extraigan especies de flora o fauna acuática incumplimiento los permisos correspondientes de épocas, tallas, zonas, entre otros, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con 180 a 400 días multa.
Sin embargo, César Córdova, abogado asesor del sindicato de pescadores José Olaya Balandra, advirtió que la mala aplicación de esta normativa está generando perjuicios para la industria, tanto a nivel de capturas como en sanciones administrativas y penales. Esto impacta la recuperación de esta actividad.
Córdova señaló que, a la fecha, más de 40,000 toneladas de anchoveta se dejaron de pescar y muchos pescadores se han quedado sin trabajo ante los efectos de la Ley 31622.
El abogado explicó que el fondo de la norma es positivo porque apunta a combatir a los líderes, financistas y miembros de organizaciones criminales que realizan actividades ilícitas relacionadas al tráfico ilegal de especies. Pero su aplicación genera, entre otros, sanciones desmedidas.
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Si bien al momento de realizar la extracción de ejemplares en el océano se podría superar mínimamente el porcentaje legal permitido de especies protegidas, Córdova señaló que existe un protocolo para estos casos, como el programa Salvamares de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Añadió que, para mitigar estos hechos circunstanciales, existe también una prohibición, sanciones administrativas para la empresa e, incluso, penales cuando el caso es muy grave.
“Una cosa es el hecho circunstancial de capturar alguna otra especie durante la pesca de anchoveta y otra es el tráfico ilegal de vida silvestre marina. No existe punto de comparación entre la pesca y las actividades ilegales a las que inicialmente fue dirigida esta norma”, explicó Córdova.
El experto recordó que una organización criminal es un grupo de personas conformado exclusivamente para desarrollar una actividad ilegal, donde cada miembro tiene un cargo en su estructura y cumple un determinado rol. El problema que presenta la norma es que, en el sector pesquero, basta que se cometa una infracción administrativa para que se constituya un delito ambiental. Es decir, bajo la Ley 31622, un pescador puede cometer una infracción administrativa durante sus labores y, automáticamente, incurriría también en el delito de extracción o tráfico ilegal de especies acuáticas.
“Tratar este hecho como si fuera cometido por una organización criminal, contando con el apoyo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), la Policía y de una serie de técnicas especiales de investigación; ha llegado ya a iniciar procesos de extinción de dominio sobre embarcaciones y dejar sin centro de trabajo a su tripulación, ¿no es acaso una desproporcionada acción en contra de una actividad legal?”, apuntó Córdova.
A la fecha, Córdova precisó que hay tres grandes pesqueras industriales que ya sufrieron procesos de extinción de dominio por infracciones administrativas. Debido a la norma, el Gobierno ha incautado o decomisado tres barcos de pesca industrial, dejando sin trabajo a toda su tripulación y perjudicando enormemente la producción pesquera nacional.
“Debemos entender que la mencionada ley fue pensada para combatir con mayores herramientas a las organizaciones criminales relacionadas al tráfico ilegal de especies, no a quienes se dedican legalmente a la extracción de recursos hidrobiológicos en nuestro país como es la pesca industrial. Es urgente que el Estado conozca el real escenario que sufren los pescadores, dejando de calificarlos como criminales, cuando solo quieren trabajar honestamente”, subrayó.
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