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A inicios de este mes se registró una solicitud de arbitraje de Odebrecht Latinvest ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Perú por el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) (ver vinculada). Con ello, el Estado enfrenta 11 demandas presentadas por empresas que operan u operaban en el país.
La más antigua es la presentada por DP World, que fue registrada en el 2011. Con fecha del 03 de este mes, se informó en la web del Ciadi que el procedimiento se suspendió luego de la renuncia de uno de los árbitros del tribunal en este caso.
En el listado (ver tabla) también figura una demanda presentada por Hydrika, registrada en diciembre del 2018. Este es un caso particular porque se trata de una empresa peruana que logró denunciar a su propio Estado ante el Ciadi.
Cabe precisar que como regla general esto no es posible. Sin embargo, una persona jurídica constituida en el mismo Estado de la recepción de la inversión podrá presentar una demanda solo si demuestra que está controlada por entidades del extranjero y que hubo un acuerdo específico para darle esa condición, puntos que cumplía la compañía.
En el caso de Hydrika, se presentó un reclamo con base en el contrato de concesión en el que se señaló expresamente que a esa empresa se le va a considerar como si fuera otro Estado contratante por estar sujeta a control extranjero (en este caso EE.UU.). El Perú también fue demandado por Enagás, por el proyecto del GSP (se registró el 24 de julio del 2018). En agosto del 2019 se conoció que la compañía fijó en 490 millones de euros el valor de la demanda.
Hay que recordar que recientemente la compañía señaló que espera que el arbitraje se resuelva en el 2022.
Otras demandas
Renco II y Pantel son otros dos procesos contra el Perú que no están administrados por Ciadi. Se tratan de procesos basados en tratados internacionales, pero que se están rigiendo por las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
La posición del Perú
A la fecha, el Estado peruano ha sido parte en 17 controversias internacionales de inversión que han concluido de manera definitiva. De ellos, 14 han significado un resultado positivo para el Perú. De los aproximadamente US$ 50,000 millones demandados al Estado en los casos finalizados, solo se ha reconocido a favor de los inversionistas unos US$ 43 millones.
Es decir, el Perú solo ha sido condenado a un 0.086% de los reclamos que ha enfrentado en Ciadi y ha recibido decisiones a su favor de un total de más del doble del monto que ha pagado como indemnizaciones.
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El camino que seguirá el Perú dentro del arbitraje
El 04 de febrero, el Ciadi registró la solicitud de arbitraje de Odebrecht Latinvest contra el Estado peruano. Hay que entender que dicho registro no tiene ningún impacto en los argumentos de las partes porque solo considera que se trate de un Estado miembro contra el nacional de otro Estado signatario; y que se invoque a una cláusula que remita al Ciadi.
¿Qué sigue? Posteriormente, se formará un tribunal arbitral y en una primera sesión se establecerá un calendario procesal del caso.
Lo que se determinará es una fecha para la presentación de la demanda, una para la presentación de la contestación, una para una ronda de escritos (réplica, dúplica) y una para la celebración de una audiencia. Es así que se deliberará y se emitirá el laudo.
Hay que recordar que en mayo del 2017 se inició el trato directo entre el Estado peruano y Odebrecht. Sin embargo, tras seis meses de plazo –venció en noviembre de ese año– no se llegó a buen puerto.
