Para mayor rentabilidad, invierta en infraestructura pública y privada

Como parte de sus planes para apoyar la recuperación económica de la crisis del COVID-19, tanto la Casa Blanca como los demócratas del Congreso están trabajando en importantes paquetes de infraestructura.

Esto tiene sentido, a pesar de que los programas de infraestructura utilizados como estímulo tienen un historial dispar, porque en este momento las tasas de interés están cerca de tocar fondo. Sin embargo, para obtener la mayor rentabilidad, los formuladores de políticas deben apoyar la infraestructura privada y pública.

Los proyectos listos para comenzar a ser ejecutados son un ejemplo de estímulo efectivo de libro de economía. John Maynard Keynes bromeó una vez que el Reino Unido podría estimular su salida de la Gran Depresión enterrando botellas con efectivo en minas abandonadas, para que las empresas privadas pagaran a los trabajadores para desenterrarlas nuevamente.

Keynes se burlaba de la inutilidad fundamental de la extracción de oro y sugería que el Gobierno encontrara formas más productivas para impulsar la economía. En el mundo real, sin embargo, los proyectos no son tan fáciles de preparar. Los proyectos de modernización de infraestructura pública pueden tardar años en pasar por el proceso de planificación, y los proyectos útiles que están listos para ejecutar son pocos y distantes entre sí.

No obstante, un impulso público y privado combinado tiene sentido económico por varias razones. Primero, las tasas de interés a largo plazo hacen que la infraestructura pública sea una ganga. El Gobierno puede pedir prestado dinero durante 30 años a una tasa de interés real negativa. En otras palabras, después de contabilizar la inflación, el Tesoro pagará a los tenedores de bonos menos que el monto prestado.

En segundo lugar, pasarán años después de que termine la pandemia para que la tasa de desempleo vuelva a ser la de principios de este año. Eso significa que habrá muchos trabajadores desocupados para ejecutar proyectos públicos, incluso si no comienzan hasta el 2022.

Los proyectos de infraestructura privada, por su parte, pueden impulsar el empleo a corto plazo y, al mismo tiempo, ayudar a que las empresas sean más resistentes al COVID-19.

Por ejemplo, la evidencia sugiere que una ventilación deficiente puede aumentar la propagación del virus. Sin embargo, la mayoría de los edificios no cumplen con los estándares mínimos.

Además, muchas compañías informan que hacer que los empleados trabajen desde sus casas ha resultado mucho mejor de lo esperado, porque las videoconferencias han resultado ser más convenientes que las reuniones en persona. Sin embargo, muchos de estos trabajadores podrían tener una conectividad a Internet mucho mejor.

Tales cambios requieren grandes inversiones. Pero el sector privado, a diferencia del Gobierno federal, enfrenta restricciones cada vez mayores sobre cuánto puede pedir prestado. El Congreso podría ayudar utilizando su propia capacidad de endeudamiento para dar a los inversionistas privados la liquidez adicional que necesitan.

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES) avanzó en esta dirección al aumentar el límite de ciertas deducciones fiscales a empresas e inversionistas. Esto permite que las que no se declaren un año se puedan declarar en años posteriores.

En el momento en que se aprobó la Ley CARES, los opositores denunciaron esto como un regalo para los ricos y los demócratas prometieron revertirlo en una legislación posterior. Pero el cambio debe considerarse como un préstamo comercial a bajo interés.

Con el límite establecido, esas mismas deducciones se habrían extendido durante más años o se habrían deducido de los ingresos futuros del alquiler o la venta de propiedades. Aumentar el límite simplemente permite a los inversionistas tomar las deducciones antes.

Esto aumenta la liquidez y sin costo para los contribuyentes, porque los costos de endeudamiento del Gobierno son muy bajos. De hecho, el Congreso debería ir más allá y permitir que los inversionistas en bienes raíces y otros activos de larga duración retiren el valor fiscal de las deducciones restantes que contabilizan en sus libros por 90 centavos de dólar.

Es el momento adecuado para que tanto el sector público como el privado inviertan en el futuro de Estados Unidos. El Gobierno puede proporcionar todos los fondos a bajo costo, creando empleos hoy y sentando las bases para un mañana más próspero.