Obras públicas mayores a S/ 20 millones deberán usar mecanismo para reducir arbitrajes

14/10/2019 05H30

Con la finalidad de evitar arbitrajes y el retraso en la ejecución de obras públicas, la Ley de Contrataciones del Estado prevé la posibilidad de la conformación de una Junta de Resolución de Disputas (JRD). Se trata de una cláusula facultativa incluida en el contrato mediante la cual el Estado y el contratista se comprometen a pagarle a una junta de expertos que resuelvan las dudas y problemas que ocurran durante la ejecución de la obra y deleguen responsabilidades, para así evitar recurrir a un arbitraje entre ambas partes por cualquier motivo.

Dicha figura se incluyó en la Ley de Contrataciones del Estado a través del Decreto Legislativo 1341, promulgado en el 2017, de forma facultativa, es decir no todas las entidades del Estado que ejecuten obra pública estaban obligadas a utilizar este mecanismo.

Sin embargo, tras una nueva modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, en el reglamento publicado en enero de este año se decidió incluir el carácter obligatorio de la conformación de esta JRD para todas aquellas obras públicas con un valor mayor a los S/ 20 millones y de forma facultativa para aquellas obras mayores a S/ 5 millones.

¿Cuál fue el motivo? La experiencia positiva de este mecanismo de JRD en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Durante su presentación en el Excon 2019, Amalia Moreno, Secretaria Ejecutiva de Lima 2019, explicó que este mecanismo ayudó a reducir la litigiosidad y a impulsar la ejecución de las obras.

En ese sentido, Sofía Prudencio, presidenta ejecutiva de la Oficina Supervisora de Contrataciones del Estado (OSCE), dialogó con Gestión.pe y explicó que se prevé que este mecanismo entre de manera obligatoria para todas las entidades del Estado en el primer semestre del 2020.

“La Junta de Resolución y Disputas es un panel de expertos en el tipo de obra que se ha contratado que técnicamente brindan asesoramiento y soluciones a los problemas que se pueden presentar en la ejecución de una obra. Ninguna obra está libre de problemas. Se trata de tener alertas tempranas, minimizar riesgos y encontrar formas técnicas de solucionarlas en campo para evitar los conflictos y arbitrajes que pueden terminar siendo onerosos para el Estado o para los contratistas”, explicó Prudencio a Gestión.pe

Prudencio señaló que estos expertos no serían abogados especializados en materia de contratación, sino de ingenieros de obra capaces de brindar alternativas de solución a ambas partes que acudirán a la obra de forma inmediata una vez que se reporte una diferencia entre las partes.

“[Como ha explicado Amalia], su bondad es que ayuda a bajar la litigiosidad y en lo posible evitar los conflictos. Igual se tiene la salida del arbitraje pero no es que por cualquier cosa se va al arbitraje. Entonces, con la norma anterior era facultativo la Junta de resolución de disputas. Con la norma actual, como se ha dicho que es un mecanismo que se ha visto su utilización práctica, es mejor tenerlo obligatorio”, sostuvo Prudencio tras su participación en el Excon 2019.

Señaló que OSCE aún se encuentra preparando la implementación de la norma y que entraría, en el mejor de los casos, el 1 de enero del 2020. “La norma nos da un tiempo para la implementación de la medida porque la Junta de Resolución de disputas se contrata”, indicó.