Un marco regulatorio óptimo es clave para garantizar un desarrollo económico ordenado. Sin embargo, en el Perú, muchas normas son excesivas, discrecionales o carecen de un adecuado sustento técnico, lo que las convierten en barreras burocráticas que afectan la competitividad del país.
Frente a ello, es importante que cualquier shock desregulatorio como el anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comprenda también el fortalecimiento del Indecopi y asegure una mejor fiscalización sobre los trámites municipales, donde se originan la mayoría de las trabas en temas normativos.
Retos regulatorios
En 2024, Perú se ubicó en la posición 19 de un total de 50 economías en el pilar “Marco Regulatorio” del índice Business Ready del Banco Mundial, el cual evalúa el entorno de negocios en el sector privado.
Así, Perú se situó por debajo de otros países de la región como Colombia (5°) y México (9°). Esta posición estuvo explicada principalmente por los resultados en áreas temáticas relacionadas a la tributación, insolvencia de los negocios y la dinámica del mercado laboral.
En ese sentido, un marco regulatorio poco previsible y costoso afecta el crecimiento empresarial y la inversión privada, restando desarrollo. Además, hace que, en comparación con otros países, el Perú se convierte en una plaza menos atractiva. Por eso, la labor que realizan instituciones como el Indecopi resulta de vital importancia para propiciar un ambiente adecuado para los negocios.
En 2024, el Indecopi eliminó 4,299 barreras burocráticas a nivel nacional, 45% menos que en 2019. Esta caída reflejaría, en parte, las limitaciones operativas y presupuestarias que enfrenta la institución. Entre 2019 y 2024, el número de funcionarios que participan directamente en la eliminación de estas barreras se redujo 20%, de 64 a 51 personas.
Además, en ese periodo, el presupuesto total del Indecopi se redujo en 16% en términos reales, pese al aumento de las responsabilidades de la institución y una economía más grande y sofisticada.
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A esas limitaciones se le suman desafíos estructurales que afectan la autonomía y eficiencia del Indecopi. La permanencia promedio del presidente del directorio se redujo de 40 a 13 meses entre los periodos 2010-2020 y 2020-2024, lo que genera inestabilidad y afecta la continuidad de las políticas.
Además, existen retrasos importantes en la designación de funcionarios clave. Por ejemplo, una posición del Consejo Directivo estuvo vacante desde abril de 2024 hasta febrero de 2025 y, en 2024, cuatro de las cinco salas especializadas carecieron del quorum suficiente ante la falta de designación de vocales.
Burocracia local
Tres de cada cuatro barreras burocráticas eliminadas por el Indecopi en los últimos cinco años fueron implementadas por municipalidades provinciales o distritales. La mayoría de estas corresponden a exigencias innecesarias para la realización de trámites o la obtención de permisos.
Por ejemplo, según el Indecopi, el requisito de contar con una póliza de seguro vigente para proveer el servicio de reparto de alimentos impuesta por la Municipalidad de Miraflores en 2023 fue la barrera burocrática eliminada voluntariamente que mayores costos ahorró a la sociedad (S/7.4 millones).
A nivel local, persiste bastante discrecionalidad con respecto a los cobros y requisitos solicitados. Por ejemplo, solo en Lima Metropolitana y Callao, el costo de una licencia de funcionamiento para edificaciones de riesgo medio puede variar de S/50 en el distrito de Mi Perú hasta S/383 en La Punta.
Si se considera otras capitales de departamento, el costo de este trámite puede superar los S/600, como en la municipalidad de Los Aquijes en Ica.
También se observa una gran variabilidad en el número de requisitos para la obtención de dicha licencia de funcionamiento. Así, según reportan los propios municipios, 37 de las 50 municipalidades de Lima Metropolitana y Callao (74% del total) piden máximo cuatro condiciones para dicho trámite.
No obstante, en Carmen de la Legua, Magdalena, Puente Piedra y San Juan de Miraflores se exigen más de ocho. Además, mientras que 35 municipalidades de Lima Metropolitana y Callao (70%) reportan la entregan de las licencias de funcionamiento en máximo dos días hábiles, hay tres distritos donde el trámite demora al menos 10 días (La Perla, Ancón y Santa María del Mar).
Recomendaciones de política
Las barreras burocráticas generan sobrecostos, desincentivan la formalización y frenan la inversión privada y la innovación. En este contexto, un shock desregulatorio debe comprender también el fortalecimiento del Indecopi para que cuente con las capacidades para identificar y eliminar los requisitos o cobros ilegales o irracionales.
Para ello, es necesario otorgar mayores recursos y personal, y una reforma integral del proceso de designación de funcionarios claves. Así, se debe incluir, como mínimo, un concurso público para la elección del presidente y sus directores, así como de los funcionares clave de la entidad.
Un shock desregulatorio también debe priorizar la uniformización de procesos a nivel local, donde se generan la mayor cantidad de trabas burocráticas. La aprobación de la Ley 31914 en 2023, que establece criterios claros sobre la clausura temporal de establecimientos, limitándola a un conjunto específico de supuestos, fue un primer paso importante en dicha dirección.
No obstante, falta promover la reducción de la discrecionalidad municipal en otros procedimientos clave, como las licencias de construcción y funcionamiento. Asimismo, fortalecer las estrategias de persuasión para la eliminación voluntaria de barreras, la cual ha demostrado ser efectiva: en los últimos cinco años, más del 90% de barreras eliminadas han seguido dicho mecanismo.
Otrosí digo
El fortalecimiento del Indecopi debe abordar las limitaciones que enfrenta en su capacidad de fiscalización y acceso a denuncias a nivel regional donde se concentra el 60% de las barreras burocráticas eliminadas.
Así, cuenta con sedes en solo 12 regiones y del total de 51 funcionarios a cargo de la eliminación de barreras, únicamente la quinta parte forma parte de la secretaría técnica regional. Un mayor número de fiscalizadores y especialistas permitirá una mayor cobertura en la detección y eliminación de estas barreras.
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